En rueda de prensa, el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, ha señalado que el coste de estas nuevas plazas -que se prestarán en centros públicos, centros de organizaciones religiosas y privados- se divide entre 1,2 millones del Gobierno y unos 700.000 euros de la corporación insular.

Si estas plazas salen adelante, más el próximo Plan de Infraestructuras Sociosanitarias dotado con unas 2.000 plazas, Alonso ha comentado que la isla casi va a duplicar el número y prácticamente alcanzará los ratios que marca la Unión Europea (UE).

La consejera de Políticas Sociales, Cristina Valido, ha señalado que si se aprueban los Presupuestos Generales del Estado (PGE), la Consejería hará una modificación de crédito de 4,5 millones antes del verano, de los que 2,5 millones servirán para financiar las nuevas plazas y dos millones, para las entidades relacionadas con la discapacidad.

Además, ha resaltado el "enorme trabajo" de los cabildos para prestar el servicio de la dependencia en las islas e incidido en la cooperación entre instituciones para dar una respuesta a los ciudadanos "más ágil y eficaz".

Asimismo, ha comentado que las demandas de cada isla son diferentes, ya que Gran Canaria, Tenerife o La Palma sí pueden albergar nuevas plazas, mientras que La Gomera o Fuerteventura precisan de la construcción de nuevos centros.

Para Valido, el envejecimiento de la población en Canarias es el principal reto de las islas en los próximos años, por lo que desde el Gobierno, en colaboración con los cabildos, se trabaja en la planificación del Plan de Infraestructuras Sociosanitarias.