Según han informado desde el Ejecutivo autonómico este martes, el Gobierno ha dejado fuera de la impugnación ante el Tribunal Constitucional el artículo 28 sobre las actuaciones previas sobre afección o no al medio ambiente, de la Ley de evaluación de impacto ambiental de Baleares. Sin embargo, se mantiene la impugnación de los artículos 9.4, 26.2 y 33.

Así, explican que los proyectos del Estado sometidos a evaluación de impacto ambiental son autoevaluados por el propio Estado, pero es de competencia autonómica determinar qué actuaciones afectan a la Red Natura y, por lo tanto, requieren la evaluación.

Esta normativa afecta, por ejemplo, a Alcudiamar, cuando Puertos del Estado consulta a la Comunidad o Demarcación de Costas, que pide sistemáticamente si las instalaciones de temporada, como los chiringuitos, afectan a Red Natura por lo que desde el Govern lo consideran una "buena noticia".

El Estado ha cambiado el Acuerdo del Consejo de Ministros publicado el viernes, sin ninguna fe de errores (ved los documentos adjuntos), en el cual se impugnaban cuatro artículos, sobre los cuales no se había llegado a un acuerdo de conciliación entre ambas administraciones.

En una rueda de prensa que tuvo lugar este lunes, tras conocerse el recurso de inconstitucionalidad, el conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, anunció que defendería las tesis de Baleares por la "vía jurídica" y que intentará "influenciar" en la modificación de la ley estatal sobre medio ambiente que se está tramitando en la actualidad.