Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat.
Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat. GENERALITAT DE CATALUNYA/RUBEN MORENO

La Ley de Transitoriedad Jurídica, la llamada "ley de ruptura" catalana, prevé declarar la independencia inmediata de Cataluña si el Gobierno de España impide que se celebre el referéndum separatista previsto para después del verano y, entre otras medidas, fija la pregunta de esa consulta.

Según consta en el borrador de la ley, mantenido hasta ahora en secreto por el Gobierno catalán y al que ha tenido acceso el diario El País, que publica sus disposiciones en su edición de este lunes, se trata de un documento que aspira a funcionar como constitución catalana durante dos meses y que fija las bases del proceso constituyente para la formación de la "república parlamentaria" de Cataluña.

En su disposición final, el borrador de la "ley de ruptura" establece la declaración unilateral de independencia si el Gobierno central impide la celebración de la consulta popular para la secesión y que ello se llevaría a cabo inmediatamente después de que el Parlament catalán "constate este impedimento".

Desvela asimismo, la pregunta que se realizaría en ese eventual referéndum: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente de España?", y señala que el resultado de la consulta sería vinculante, sin necesidad de un mínimo de participación ni de una mayoría cualificada para la secesión, todo ello supervisado por observadores internacionales, para el reconocimiento pleno del nuevo Estado catalán.

El resultado de la consulta sería vinculante, sin necesidad de un mínimo de participación ni de una mayoría cualificada para la secesiónEl borrador de la ley, según recoge El País, da por hecho que Cataluña seguirá dentro de la Unión Europea y asume sus leyes actuales y las que pudieran aprobarse posteriormente a la declaración de independencia que, en ambos casos, pasarían a formar parte del nuevo ordenamiento jurídico catalán.

Control del poder judicial

Respecto a la organización de la Justicia, elimina la división de poderes y da un control absoluto al Govern catalán sobre el poder judicial, de manera que el presidente de la Generalitat nombraría al Fiscal General de Cataluña —ahora es potestad del jefe del Gobierno español y del fiscal general del Estado— y al presidente del Tribunal supremo catalán.

Los jueces, magistrados, fiscales y letrados del Estado español, según el borrador de la ley secesionista, "podrán concursar en las plazas que se convoquen" en el hipotético estado catalán, es decir, que deberán concursar de nuevo si quieren mantener su plaza en Cataluña y el Ejecutivo catalán participaría en los procesos selectivos que fijase la futura ley.

La amnistía para todos los imputados y condenados por causas secesionistas (medida que afectaría al expresidente catalán Artur Mas, condenado a dos años de inhabilitación por la consulta independentista de 2014); la obligación a policías y jueces de solicitar la nacionalidad catalana para seguir ejerciendo, o la de que los funcionarios públicos aprendan catalán para poder trabajar, son otras disposiciones recogidas en el texto de la ley.

Asimismo, establece que se otorgará la nacionalidad catalana a todo aquel ciudadano español que acredite, al menos, un año de empadronamiento en algún municipio catalán o acredite un mínimo de dos años continuados de residencia en Cataluña en el pasado. En todo caso, dice, ello "no exige" renunciar al pasaporte español.

En cuanto a los bienes públicos, la Generalitat pasaría a ser titular de "cualquier clase de derecho real" sobre todos aquellos que estén en territorio catalán y se "subrogaría" los contratos de obras y servicios formalizados por el Estado y que afectan a Cataluña.

Precisamente este lunes, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresidente, Oriol Junqueras, y el consejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia, Raül Romeva, pronuncian en Madrid una conferencia sobre "Un referéndum para Catalunya. Invitación a un acuerdo democrático".

Junts pel Sí: "Es un borrador desfasado"

Junts pel Sí ha asegurado tener una nueva versión de la ley. El presidente del grupo parlamentario, Jordi Turull, ha dado a entender que hay una nueva versión de la ley con unos contenidos distintos: "Quien os haya pasado este supuesto borrador va muy desfasado, y lo desmentimos. Cuando se haga pública la ley lo comprobaréis rápido", ha dicho en Twitter.

Fuentes de la Generalitat han apuntado asimismo que se trata de "un borrador muy desfasado y por lo tanto sin ninguna actualidad ni validez".

JxSí y la CUP pactaron a finales del año pasado el contenido de la ley de transitoriedad jurídica, pero han mantenido el texto en secreto, guardado bajo llave hasta que crean que ha llegado el momento de llevarlo al Parlament para su aprobación, algo que no tienen previsto hacer antes de que se celebre el referéndum que quiere convocar el Govern, como muy tarde a principios de otoño.