CIG-Saúde se ha dirigido al conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, y al gerente del Servizo Galego de Saúde, Antonio Fernández-Campa, para denunciar la "discriminación lingüística" sufrida por un usuario de la sanidad pública, a quien "se le retrasó" una prueba por "no serle facilitado el consentimiento informado" en gallego conforme esta persona "requirió conforme a su derecho".

En un comunicado, la CIG-Saúde explica que, en esta ocasión, se trata de la "negación de un derecho" a una persona derivada desde la sanidad pública a un centro concentado de Ferrol, el Hospital Juan Cardona, que "ya en otra ocasión había negado la posibilidad de entregar documentación en gallego".

"Es decir, un caso reincidente de negación de derechos a una persona que está accediendo a un servicio prestado por la Administración sanitaria pública", ha recalcado el sindicato, que también incide en que esto "no es la primera vez que sucede" ni éste el único centro donde sucede.

La CIG ha aludido a Ley de Normalización Lingüística y a otras normas vigentes en el ámbito de la administración y de la sanidad, antes de exigir que "de una vez por todas" se "tomen medidas" para que todos los centros dependientes de Sanidade y los que atienden a personas derivadas de la sanidad pública tengan "toda la documentación en gallego" y garanticen que "no se discrimina a nadie por razón de lengua".

Asimismo, ha exigido que el Servizo Galego de Saúde fije las medidas "oportunas" para que "todo el personal" disponga de las herramientas necesarias para la "garantía" de los derechos lingüísticos, tanto a nivel material como de formación, con la convicción de que la Administración sanitaria "no puede seguir consintiendo casos graves de discriminación como el que sucedió estos días".

RECORDATORIO AL CENTRO

Por su parte, fuentes de la Consellería de Sanidade consultadas por Europa Press han asegurado no tener constancia de la reclamación que plantea la CIG.

En todo caso, han indicado que la unidad responsable de seguimiento del concierto con el Cardona se pondrá en contacto con el centro para trasladarle "la necesidad de ajustarse a la normativa vigente en lo que se refiere a los derechos lingüísticos de los pacientes, igual que en el resto de los ámbitos".