El juez de Instrucción número 4 de Vigo ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones en el procedimiento en el que estaban siendo investigados los concejales del gobierno vigués Ángel Rivas y Francisco Javier Pardo y los funcionarios Francisco Javier G.O. y María D.G., por los supuestos delitos de prevaricación, nombramientos ilegales y malversación de caudales públicos.

En esta causa se investigaba la comisión de supuestos delitos en relación con el nombramiento de Francisco Javier G.O. como jefe del área de Participación Ciudadana (mediante acumulación de funciones, puesto que ya era jefe del área de Desarrollo Local y Empleo), cuando no se había acreditado la necesidad o urgencia de tomar esta decisión que, por otra parte, fue propuesta por el propio funcionario.

En el auto de archivo, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez señala que la acumulación de funciones se realizó en un proceso en el que "no se observó" la "garantía de publicidad" y que esa "irregularidad formal" pudo haber sido causa de recurso contencioso administrativo. No obstante, ha apuntado que ese recurso nunca se planteó, por lo que ese "eventual vicio procedimental ha quedado subsanado 'de facto'".

Con respecto a la justificación de ese nombramiento, el magistrado señala que la propuesta de acumulación de funciones en la persona de Francisco Javier G.O. "carece de una mínima motivación que fundamente las razones de urgencia que la justificaran".

IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS

Sin embargo, puntualiza que es una "irregularidad procedimental" que "no integra el dolo directo que exige la norma penal" para considerarlo un delito de prevaricación. A ese respecto, recuerda que este funcionario ya desempeñaba esa jefatura de área desde hacía ocho años, lo que justifica un conocimiento de esa labor mayor al de otros trabajadores municipales.

Del mismo modo, con respecto a la actuación de la jefa de personal, María D.G., el juez señala que se está ante una "irregularidad administrativa que no integra ninguno de los tipos penales", aunque apostilla que "una administración local de la envergadura de la de Vigo puede hacer mejor las cosas en materia de personal".

En esa línea, el titular del Juzgado de Instrucción 4 reprueba que el Ayuntamiento no acuda a los mecanismos ordinarios de provisión de puestos fijados por ley, sino a vías "alternativas" que requieren de una acreditación de la necesidad "provocada por la propia dejadez de la Administración, y no por una causa de fuerza mayor o imprevisible".

DECLARACIÓN DE LOS CONCEJALES

A la salida del juzgado, tras prestar declaración, y antes de conocer el archivo de las actuaciones, el concejal Ángel Rivas ha proclamado su "inocencia" y ha defendido la "escrupulosa legalidad" de sus actuaciones. "Quiero reiterar mi inocencia, todo mi trabajo se ha realizado con escrupulosa legalidad, y con escrupulosa fiscalización, como es habitual en la institución municipal", ha sostenido.

Por su parte, el edil de Personal, Francisco Javier Pardo, ha eludido responder a las preguntas de los medios sobre su declaración y se ha limitado a aseverar que es "muy respetuoso con el resultado de las urnas", sin querer concretar a qué se refería.