Guillén ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación que el objetivo de la ley es "contar con un marco jurídico estable para sensibilizar, concienciar y educar en términos de calidad democrática" para que "nunca más se vuelvan a repetir episodios de violencia" y que los conflictos se diriman "a través de procedimientos pacíficos".

También ha apuntado que se cumplen diez años de la ley estatal, cuyo "gran problema" ha sido que en los últimos cinco años no ha tenido dotación económica. En este sentido, ha comentado que el Presupuesto de Aragón de este año ya ha destinado partidas a esta materia y la intención es que "en los próximos años puedan ampliarse" porque "sin dotación económica no tendría sentido".

Guillén ha manifestado, asimismo, que la norma aragonesa "complementa los fallos de la estatal" y, por ejemplo, incluye un procedimiento sancionador si se incumplen las obligaciones que en ella se prevén con la finalidad de que "sea eficaz y se cumpla al máximo".

SEÑALÉTICA

En este punto, ha reconocido que los ayuntamientos son "elementos fundamentales" para que se lleve a cabo puesto que todavía hay municipios con simbología que debe retirarse y, además, porque "podemos hacer de los lugares donde discurrió el conflicto bélico elementos de turismo de singular interés".

Guillén ha comentado que hay muchas personas interesadas en la Guerra Civil española, también en el ámbito internacional, y la ley aragonesa recoge la posibilidad de convertir a las zonas donde se desarrolló la contienda, que están repartidas por toda la Comunidad, en bienes de interés cultural.

Así, se contempla la señalización e inventario de todos los lugares que estuvieron afectados por este conflicto bélico y por eso esta ley puede ayudar a que estos hechos, "que ojalá no vuelvan a repetirse, sean un instrumento de alto interés turístico", ha enfatizado.

El consejero ha explicado, igualmente, que una vez que la ley esté en vigor empezará a trabajar una unidad administrativa en el Departamento de Presidencia sobre Memoria Democrática, se formará una Comisión Técnica de Expertos y comenzarán a elaborarse los distintos planes de acción sobre cuestiones específicas de la ley.

SESIÓN DE PARTICIPACIÓN

Guillén ha asistido a la reunión sobre el anteproyecto de ley en la que han participado representantes de asociaciones memorialistas y diversas entidades y colectivos de la Comunidad, además de expertos y conocedores de esta vertiente de la Guerra Civil, así como representantes municipales.

El texto se estructura en seis títulos, 46 artículos, siete disposiciones adicionales y cuatro finales que contienen, entre otras cosas, los derechos de los ciudadanos aragoneses vinculados al ejercicio de memoria, que comprenden el acceso al conocimiento de los hechos, a la justicia y a la reparación.

Asimismo, aborda la identificación de las víctimas, incluyendo en ellas a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización. También se menciona expresamente a los casos de niños recién nacidos robados y entregados a otras personas.

Según el texto actual, el Gobierno de Aragón estaría obligado a abordar el fenómeno de las exhumaciones en fosas, para recuperar e identificar los restos de víctimas desaparecidas. Por otra parte, se prohíbe la exhibición pública de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática, y la prevención y evitación de los actos públicos en menoscabo de la dignidad de las víctimas o sus familiares o en homenaje del franquismo o sus responsables.

Vicente Guillén ha resaltado la importancia de contar con una Ley de Participación Ciudadana que permite recibir las aportaciones de todas las personas interesadas en cualquier tipo de movimiento legislativo que proponga el Gobierno de Aragón.

Con esta finalidad, se han convocado reuniones en Zaragoza, Teruel y Huesca. En esta última ciudad, tendrá lugar este miércoles. Además, habrá talleres y se pueden hacer aportaciones a través de la web de la dirección general de Participación Ciudadana. Este proceso quiere concluirse en junio para después enviar el texto a las Cortes de Aragón.