Así se ha pronunciado la organización tras saberse que la pena de dos años de prisión por delitos contra la ordenación del territorio y de desobediencia grave a la autoridad impuesta a J.M.S., quien fuera administrador de la finca 'El Avispero' a través de la empresa Agromolinillo S.A., en el entorno de Doñana, concretamente en Bonares (Huelva), y que se encontraba en busca y captura desde el pasado mes de octubre, prescribió en marzo y no tendrá que ir a la cárcel.

Al hilo, y en una nota, Ecologistas en Acción ha lamentado que los delitos ambientales sean considerados de "categoría menor hasta por los propios representantes de la justicia".

La organización explica que el empresario "fue condenado tras haberse demostrado su responsabilidad directa en la destrucción de una zona de monte mediterráneo en el entorno de Doñana", y ha estado "en situación de busca y captura durante varios meses, al fugarse para no cumplir la sentencia un año y medio de prisión por un delito contra la ordenación del territorio y a seis meses por otro de desobediencia grave".

Para Ecologistas, "es evidente que el Estado de derecho no ha funcionado, no se han tomado las medidas necesarias y los resortes existentes para la evitación de lo que al final ha ocurrido, una burla a la justicia, que ha supuesto que una sentencia condenatoria no se haya ejecutado, lo que va en contra de nuestro ordenamiento jurídico".

Aunque para Ecologistas en Acción "nunca es deseable que nadie ingrese en prisión, la inacción de la justicia que posibilitó la fuga del condenado en este caso, y la posterior prescripción del cumplimiento de la sentencia, contrasta con el tratamiento que se produce en otro tipo de sentencias condenatorias, cuando éstas se refieren a delitos contra la propiedad privada o contra el honor".

"Parece que atentar contra un bien común y un derecho público protegido por la Constitución española como es el de disponer de un medio ambiente adecuado, es un tema menos importante tanto a la hora de investigar y actuar contra el delito, como al perseguir al delincuente para hacer cumplir lo ordenado en sentencia, creando una situación de ilegítima impunidad", concluye Ecologistas en Acción.