La filtración del informe sobre la vida privada de la ex edil Rosa Agüera (PP) sentó ayer en el banquillo como acusado al intendente mayor de la Policía Local de Málaga, Juan Ferrer, para quien la Fiscalía pide tres años de cárcel y suspensión de empleo o cargo público. En su relato en la Audiencia Provincial, Ferrer negó los hechos y aseguró que el documento, donde se detalla que su escolta se quejaba de que tenía que llevarle la compra del súper o las macetas, no era para mejorar la seguridad. Llegó a decir, incluso, que se relataban actividades en las que la Policía Local no tenía por qué meterse. Agüera, que también declaró ayer, recalcó que ese informe convertía en verdad cosas que no lo eran para desprestigiar su imagen.