La sentencia, consultada por Europa Press, condena, asimismo, al administrador de la empresa constructora del residencial, A.M.M., quien celebró contratos de compraventa con ciudadanos extranjeros que ejercieron la acusación particular si bien el juez ha acordado no ordenar la demolición de lo edificado.

El exalcalde Federico Molina y los ediles Enrique Montalvo, aún en activo en el actual equipo de gobierno por la Agrupación de Electores de Partaloa, Francisco Díaz Reche, y Antonio González mostraron conformidad en el juicio con las penas interesadas por el fiscal al igual que el técnico que hizo los informes favorables a la concesión de licencias, E.J.G., y el promotor. Sí se celebró juicio contra el exconcejal Juan Pedro Berbel, quien también ha sido condenado.

El magistrado Fermín Villarrubia considera probado que el pleno del Ayuntamiento concedió, por silencio administrativo en octubre de 2006, licencia "a sabiendas de su injusticia" pues "todos ellos tenían conocimiento de que, conforme a la legislación vigente, no era posible por ser contraria a la legislación urbanística".

Pese a conocer este extremo ya que era suelo no urbanizable y las viviendas no podían ser autorizables, los cargos públicos tampoco iniciaron "voluntariamente como era su obligación", ningún expediente para la revisión de oficio de las licencias.

El fallo recoge, asimismo, que el exalcalde, con carácter previo a la concesión de dichas licencias de obras, resolvió la concesión de licencias de segregación sobre las parcelas afectadas "previo informe técnico" de E.J.G., "autorización e informes emitidos -remarca- a sabiendas de su injusticia pues ambos tenían conocimiento de que, conforme a la legislación vigente, la segregación de las parcelas afectadas estaban situadas en suelo no urbanizable y no autorizable".

El juez aplica a los siete acusados, incluido el concejal que no reconoció los hechos en el acto de juicio, la atenuante de dilaciones indebidas ya que considera que el procedimiento "ha estado injustificadamente paralizado durante la fase de instrucción por causa no imputable a los acusados".

En el caso de los que mostraron conformidad aplica, asimismo, la atenuante muy cualificada de cooperación con la administración de Justicia.

Así, a los miembros de la corporación, a excepción de Juan Pedro Berbel e incluido el único edil aún en activo, les impone una multa de 450 euros como autores de un delito de prevaricación urbanística y 18 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Misma pena resuelve para el técnico municipal.

Al constructor le condena a seis meses de prisión y a multa de 1.080 euros como autor de un delito contra la ordenación del territorio aunque acuerda sustituir la pena privativa de libertad por otra multa de 1.080 euros. Además, lo inhabilita para profesión u oficio relacionado con la construcción durante seis meses.

En el caso del único miembro de la corporación que no reconoció los hechos, falla condenarle a siete meses de prisión ya que sólo le aplica la atenuante de dilaciones indebidas y siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

El magistrado se muestra "convencido" para dictar un pronunciamiento condenatorio contra él, contra el que cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, de que, tras la práctica de prueba en el juicio, era "uno de los acusados que con más elementos contaba para saber que la concesión de las licencias urbanísticas a través de silencio administrativo era manifiestamente injusta y contraria a derecho".

Así, al margen de la "inculpación" del resto de los acusados, recuerda que quien era concejal de Urbanismo entonces se abstuvo en la votación, lo que "pone de manifiesto que lo que se votaba, desde luego, no estaba claro desde el punto de vista jurídico" y que él mismo, antes de ese pleno, había presentado varios escritos denunciando la "irregularidad de las obras de urbanización que venían realizando en dicha zona".

"Como mayor refuerzo de su conciencia de la ilegalidad que se cometía se ha acreditado que, particularmente él, estaba informado de la situación urbanística del paraje ya que presentó varias denuncias fundadas en la intención de construir una depuradora en la misma zona, alegando el carácter comuna de los terrenos, de lo que se desprende que era conocedor de que eran no urbanizables", concluye.