El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el real decreto ley de reforma de la estiba para cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se trata de una iniciativa que tiene pendiente de tramitar de nuevo después de que el primer real decreto que presentó fuera derogado por el Congreso el 16 de marzo. Era la tercera vez en la historia de la democracia que no se convalidaba un real decreto ley.

Con la reestructuración de este sector, el Gobierno pretende adecuarlo a la normativa europea, a la que actualmente contraviene, y evitar así que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea imponga una multa a España. Este es uno de los principales asuntos que tramitará el Consejo en una reunión que estará presidida por Mariano Rajoy y a la que asistirán todos los miembros del Gabinete. 

El Gobierno no tiene previsto aprobar, sin embargo, el real decreto que desarrollará reglamentariamente el real decreto ley y que incluye el resultado de las negociaciones sobre los aspectos laborales de la reforma que el Gobierno mantuvo con la patronal y los sindicatos de estibadores, entre ellas el compromiso del Ejecutivo de aportar 120 millones de euros en ayudas a la reconversión del sector

Una vez aprobado el nuevo Decreto Ley, el Ejecutivo contará con un plazo de un mes para lograr su preceptiva convalidación por el Congreso.

El Gobierno ultima un acuerdo con el PDeCAT, la antigua Convergencia i Unió, para que se abstenga y permita la convalidación del nuevo real decreto ley. En ese caso, el texto podría salir adelante con el voto a favor de Ciudadanos y del PNV.  El PDeCAT, está dispuesto a abstenerse si el real decreto ley no supone un cambio en la manipulación de los vehículos en los puertos, que hasta ahora realizan los estibadores.  Según esta formación, la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE no exige cambio alguno en ese sentido.

El viernes pasado, el titular de Fomento, Íñigo de la Serna, informó en el Consejo de Ministros de las gestiones que estaba realizando para sacar adelante la aprobación de este decreto.

También se ha aprobado este viernes destinar 50,5 millones de euros para ayudas a actuaciones de conservación o enriquecimiento del patrimonio histórico español con cargo al programa del 1,5% cultural y una declaración con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia.