Según ha sostenido, estos representan "cerca de un tercio del presupuesto total de la UE y tienen como objetivo promover la cohesión económica, social y territorial" y por eso gobiernos locales y regionales deben tomar parte en el debate sobre el futuro de dicha política.

El Ejecutivo autonómico ha informado en una nota de prensa que en el pleno de esta tarde las regiones europeas han aprobado un dictamen en el que defienden que para que la política de cohesión sea más eficaz "es necesario flexibilizarla y permitir que la inversión sirva para hacer frente a desafíos específicos, como la migración, los desastres naturales o los cambios demográficos".

En el texto se pide facilitar el acceso a los fondos, reducir la burocracia y que las prioridades estén relacionadas con el impacto real de los proyectos, han apuntado las mismas fuentes.

Asimismo, el documento solicita que se elabore un nuevo marco estratégico común que cubra todos los fondos y políticas de la UE con una dimensión territorial. La propuesta se refiere, sobre todo, a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), pero también a los sucesores del Mecanismo 'Conectar Europa', el Programa LIFE y el programa Horizonte 2020, así como a los instrumentos de préstamo, en particular el FEIE y las políticas de préstamo del BEI.

"Este marco debería garantizar la coherencia estratégica de los objetivos y las inversiones a fin de evitar la duplicación de tareas y la falta de coordinación de las intervenciones tanto a nivel nacional como de la propia UE", han esgrimido desde el Gobierno de Aragón.

SOLIDARIDAD

Las mismas fuentes han indicado que las regiones europeas han apostado por que el futuro de la política de cohesión se inscriba "en un ejercicio reforzado de solidaridad en beneficio de los ciudadanos, a fin de restablecer la erosionada legitimidad de la UE".

"La desconfianza, la intolerancia y el repliegue comunitario corroen nuestras sociedades y deben combatirse reduciendo las desigualdades de todo tipo a las que se enfrentan cada día los europeos", enfatiza el citado dictamen.

En él, también se propone que el desarrollo de las zonas rurales en el marco de la Política Agraria Común (PAC) "debe coordinarse mejor con los Fondos EIE" y "encontrar el equilibrio justo entre los diversos objetivos, planes e instrumentos de la política de cohesión en el marco de una auténtica asociación a tres bandas, en la que la Comisión, los Estados miembros y los entes regionales y locales deberán ponerse de acuerdo para alcanzar las mejores soluciones en el marco de una gestión compartida".

En esta línea, las regiones han reclamado a la Comisión Europea que presente para el próximo periodo de programación un procedimiento de revisión simplificado de los planes y programas "que posibilite responder con flexibilidad y en consecuencia a los fenómenos críticos o a acontecimientos imprevistos".

Igualmente, que simplifique y agilice las votaciones dentro de la Comisión, a la vez que mantienen que "para fortalecer la cohesión a nivel regional y local, es necesario disponer de más posibilidades para desarrollar soluciones adaptables localmente".

Para las regiones, la política de cohesión "deberá ofrecer una oferta flexible de soluciones entre las que los destinatarios puedan escoger, en el marco de las normas europeas, la que sea más conveniente para su región o su municipio más allá y por encima de cualquier delimitación temática".

Además, instan a continuar fomentando la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional de conformidad con el objetivo de la cooperación territorial europea y con las estrategias macrorregionales y marítimas.

DESARROLLO SOSTENIBLE

El dictamen mantiene que la futura política de cohesión "deberá constituir el principal instrumento para garantizar el desarrollo sostenible de las zonas de montaña, para lo que habrá que prever intervenciones específicas, en una lógica de enfoque territorial integrado".

El objetivo es "compensar las diferencias de los costes vinculados a la altitud y el relieve, así como las difíciles condiciones para el asentamiento de las poblaciones y empresas, con el fin, entre otras cosas, de contrarrestar la tendencia a la despoblación, garantizando la disponibilidad de servicios esenciales y de infraestructuras de calidad".

Aragón ha apoyado en el debate las enmiendas presentadas por la Comunidad Valenciana a dos puntos que hacían referencia a las zonas que sufren despoblación y el documento recoge que para garantizar una mayor visibilidad, se estudiará la posibilidad de crear una comisión o grupo de trabajo donde se traten los temas relacionados con las zonas despobladas o en fase de despoblamiento.

Esta comisión o grupo de trabajo deberá respetar las especificidades de cada región, "garantizando la presencia equilibrada de todas aquellas afectadas por esta situación".

En otro de los puntos se afirma que "la futura política de cohesión deberá contar con instrumentos de financiación específicos para estas zonas, teniendo en cuenta sus peculiaridades, independientemente de la calificación de la región a la que pertenezcan".

Además, Aragón ha apoyado la inclusión de otro punto en el que se explica que "dadas las exigencias y reivindicaciones de las zonas despobladas en relación con una mayor visibilidad, debería crearse a nivel europeo un foro, cuya celebración podría ser anual, para que estas pudieran no solo hacer seguimiento de la aplicación de políticas específicas en dichas zonas, sino realizar propuestas e intercambios de buenas prácticas entre ellas".

A su entender, esto sería positivo para dotarlas de más visibilidad y "sacarlas del aislamiento que padecen y que su voz se escuchara directamente en las instituciones europeas", un foro que "debería respetar las especificidades de cada región y garantizar una representación equitativa".