El TC anula la Ley de Consultas catalana y su comisionado para la transición

  • Se trata de una figura clave para impulsar el proceso de independencia.
  • También ha anulado la Ley de Consultas al considerarla anticonstitucional.
La sede del Tribunal Constitucional.
La sede del Tribunal Constitucional.
EUROPA PRESS

El Tribunal Constitucional ha anulado este miércoles, por unanimidad, el decreto de la Generalitat que creó el Comisionado para la Transición Nacional de Cataluña, una figura clave para impulsar el proceso de independencia.

Así mismo, ha anulado el Plan Ejecutivo para la Preparación de las Estructuras de Estado, el Plan de Infraestructuras Estratégicas y otras previsiones y actuaciones desarrolladas en aplicación del citado decreto.

El decreto anulado, de febrero de 2015, fue recurrido por el Gobierno por considerar que con su aprobación la Generalitat iba más allá de sus competencias, y estaba suspendido provisionalmente. Después fue superado por las medidas aprobadas por el Parlament.

El alto tribunal ha considerado inconstitucionales las competencias que el decreto encomendaba al comisionado para que impulsara y coordinara las medidas necesarias para la culminación del proceso.

El Gobierno recurrió el decreto porque, según explicó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, con esta norma la Generalitat adoptaba "previsiones para una eventual separación del Estado español otorgando al comisionado aquellas funciones que corresponderían al Estado" en Cataluña.

La finalidad última era preparar las "actuaciones siguientes a una declaración unilateral de independencia" en Cataluña, añadió.

Ley de Consultas

Además, también  ha anulado parte de la Ley de Consultas Populares de Cataluña, aprobada durante el gobierno del tripartito -PSC, ERC e ICV- en 2010, al considerar que cualquier norma que regule convocatorias de referéndum de ámbito autonómico es inconstitucional y, por tanto, nula.

El Tribunal ya declaró inconstitucional la Ley de Consultas aprobada por el Parlamento catalán en 2014, impulsada por la actual mayoría soberanista en la Cámara con el objetivo concreto de la convocatoria del referéndum de independencia.

Ahora, en una sentencia de la que ha sido ponente el nuevo magistrado del TC Cándido Conde-Pumpido, ex fiscal general del Estado, anula también la ley de 2010 al aplicar los criterios establecidos en resoluciones anteriores.

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