El Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP ha acordado desestimar las impugnaciones sobre supuestas irregularidades en los congresos de Cantabria y Sevilla alegando que el "paso previo" es presentar esos recursos en los comités autonómicos correspondientes.

Por eso, el órgano disciplinario ha decidido remitir al respectivo comité de garantías autonómico la denuncia sobre supuestas irregularidades presentadas por los afines de Ignacio Diego en Cantabria tras el congreso regional; las incidencias del congreso provincial de Sevilla que elevó a 'Génova' la comisión organizadora de ese cónclave; y la impugnación presentada por el cónclave de La Coruña.

El propio presidente del Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP y presidente del partido en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha explicado este martes en el Senado que habían decidido enviar esos casos a los respectivos comités autonómicos.

"Hemos dado la misma solución a los dos. Nos hemos reunido esta mañana y tanto en Cantabria como en Sevilla hemos decidido remitir al comité de garantías autonómicos, que son los de primera instancia y que ellos decidan", ha afirmado Mañueco, que ha admitido que los miembros del Comité Nacional de Derechos y Garantías no han entrado "en más valoraciones y disquisiciones".

Según el artículo 55.4 de los Estatutos del PP, el Comité Nacional de Derechos y Garantías "resolverá, en segunda instancia, los recursos interpuestos contra resoluciones de los Comités Autonómicos de Derechos y Garantías en materia disciplinaria, así como aquellas que sean consecuencia de las impugnaciones que se produzcan en cualquier congreso del Partido y con sujeción a lo que establece el Reglamento Marco de Congresos".

POLÉMICA EN EL CONGRESO DE CANTABRIA

En un comunicado difundido por el PP, el Comité Nacional de Derechos y Garantías señala que "las impugnaciones presentadas se han realizado fuera del plazo de 48 horas que establece el Reglamento Marco de Congresos".

El pasado 11 de abril un grupo de partidarios del expresidente del PP cántabro, Ignacio Diego, entregó en la sede nacional de 'Génova' un escrito en el que exigían la apertura de una investigación por las "irregularidades", a su juicio, ocurridas durante el Congreso regional en el que María José Sáenz de Buruaga fue elegida presidenta del partido en esta comunidad.

Joaquín Solanas, exdirector general de Cultura durante la etapa de Ignancio Diego como presidente de Cantabria (2011-2015) y que se presenta como portavoz de 70 alcaldes y números uno del PP de municipios cántabros, estuvo acompañado en Madrid por unas 60 personas y fue el encargado de entregar el citado escrito.

En ese escrito entregado en 'Génova' recuerdan que durante el proceso congresual de primarias los afiliados que se decantaron por Diego fueron 1.568, mientras Buruaga consiguió 1.414. Sin embargo, recuerdan que en la votación de compromisarios Buruaga solo obtuvo 4 votos más que su contrincante, lo que les lleva a afirmar que se trata de una victoria "ilegítima".

EL CASO DEL CONGRESO PROVINCIAL DE SEVILLA

En el caso de Sevilla, el Comité Nacional de Derechos y Garantías recibió el pasado jueves "abultada" documentación que le había elevado el comité organizador del XIX congreso provincial del PP de Sevilla con las incidencias registradas en las votaciones celebradas una semana antes.

Entre esas incidencias destaca la de la localidad de Dos Hermanas, ya que la candidatura de Bueno -que optaba a la reelección como presidente del PP sevillano- alegaba que 104 personas habían firmado que votaron esa lista, pero luego solo aparecieron 59 votos a su favor en la urna.

Según los resultados de ese congreso provincial -hasta ahora aún provisionales- Virginia Pérez, actual portavoz del PP en la Diputación de Sevilla, se impuso sobre la candidatura de Juan Bueno, que optaba a la reelección.

EL CASO DEL CONGRESO DE LA CORUÑA

El Comité Nacional de Derechos y Garantías también ha desestimado la impugnación que afectaba al congreso local de A Coruña, en el que se enfrentaron en abril la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, y el exdiputado Javier Escribano.

El exparlamentario coruñés, que finalmente no llegó a la votación en la que Mato fue elegida como nueva presidenta local, no solo acudió a Génova, sino que llegó a recurrir al juzgado para intentar suspender el cónclave tras un proceso en el que denunció "continuas irregularidades". Su pretensión también fue desestimada entonces en los tribunales.