La querella inicial de 2015, objeto de unas diligencias previas pero finalmente desestimada, se dirigía contra el alcalde, el socialista Juan Manuel Rodríguez; Salvador Camacho Lucena, como secretario general de la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio; y contra tres funcionarios del Ayuntamiento de Morón y de la referida Delegación, por posibles delitos de prevaricación ambiental y contra la ordenación del territorio.

Recordemos, al respecto, que fue allá por 1985 cuando las autoridades aprobaron una concesión administrativa para que la empresa Sidemosa explotase cuatro cuadrículas mineras de la Sierra de Esparteros, en Morón, aunque en 1996 la superficie de la explotación fue ampliada a nueve cuadrículas.

LA CANTERA DE LA SIERRA DE MORÓN

Pero después, Sidemosa solicitó una prórroga de la concesión administrativa ante la expiración de la misma. La prórroga contó con una declaración de impacto ambiental que declaraba "viable" la continuidad de las labores de extracción, estipulando eso sí toda una serie de condiciones y reconociendo dicho documento, recogido por Europa Press, que "el proyecto de prórroga supone una superficie de actuación superior a la del proyecto original". A través de esta prórroga, y por "motivos de seguridad", la superficie del yacimiento pasaba de 19,5 a 20 hectáreas.

El pasado 19 de febrero de 2014, en cualquier caso, la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo "dictó resolución favorable otorgando una prórroga del periodo de vigencia de la concesión de la explotación", extremo que despertó no pocas protestas entre los colectivos ecologistas.

POSIBLE "TRATO DE FAVOR"

Ecologistas en Acción, en ese sentido, avisaba en aquellos momentos de un posible "trato de favor" hacia Sidemosa en la declaración de impacto ambiental, defendiendo que "la legislación urbanística vigente en Morón prohíbe de manera taxativa las actividades extractivas en la Sierra de Morón, dada su clasificación como Suelo No Urbanizable de Especial Protección y Conservación Prioritaria".

Precisamente sobre este aspecto, la protección de este espacio como Suelo No Urbanizable de Especial Protección y Conservación Prioritaria, versaba la querella inicial y versará la nueva acción judicial.

Y es que en 2015, una resolución del Defensor del Pueblo Andaluz recogida por Europa Press exponía que en el marco de la mencionada solicitud de prórroga, el Ayuntamiento "omitió" que los terrenos están declarados como suelo "no urbanizable de conservación prioritaria", a la hora de elevar la documentación pertinente a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, para que la misma emitiese la correspondiente declaración de impacto ambiental.

NUEVA QUERELLA

Según Ecologistas en Acción, la querella inicial fue desestimada por el Juzgado de Instrucción de Sevilla que recogió el asunto, "por falta de competencia territorial", al entender que el caso correspondía a los juzgados de Morón de la Frontera. Así, Ecologistas formulará una nueva querella contra el alcalde y demás presuntos implicados en los hechos.

"El hecho principal de la querella es que los denunciados, actuando como autoridades o funcionarios del Ayuntamiento de Morón de la Frontera, han omitido a sabiendas de su injusticia, la aplicación de la legalidad urbanística establecida en el PGOU vigente, que prohíbe de manera taxativa las actividades extractivas donde se ubica la explotación minera", resume Ecologistas en Acción.