La iniciativa, que implicaba pedir al Congreso modificar la Ley de Memoria Histórica, ha sido rechazada por los populares gallegos al considerar que la propuesta formulada por el partido instrumental "incumpliría" la ley y daría lugar a "numerosos procesos jurídicos".

En la sesión plenaria de este martes, el viceportavoz del Grupo Parlamentario de En Marea, Antón Sánchez, ha emplazado al PP a "hacer justicia" y apoyar la proposición de ley o amparar "una nueva infamia". "Venzan sus miedos y súmense para garantizar que Galicia y España no sigan siendo una excepción en Europa, en donde la condena al fascismo es un acto de normalidad democrática", ha apuntado.

En este sentido, ha pedido que, en un plazo de "seis meses" el conjunto de este Bien de Interés Cultural (BIC) sea "devuelto a lo público" y que sea un consorcio integrado por la Xunta, la Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Sada el que lo gestione.

"La recuperación democrática de este pazo es un acto de justicia, se trata de expropiar a los expropiadores del franquismo, recuperar para el pueblo los bienes expropiados", ha señalado, para criticar también los "numerosos incumplimientos" por parte de la familia Franco del régimen de visitas que obliga a abrir al público el conjunto cuatro días al mes.

La propuesta de En Marea ha contado con el apoyo de los nacionalistas y los socialistas. Así, en primer lugar, el diputado del BNG Xosé Luís Rivas, 'Mini', ha asegurado que el Pazo de Meirás simboliza "el botín de un delincuente a las luces del mundo". "Solo queda una salida para la decencia colectiva: devolver lo robado y dar pasos en la consolidación democrática", ha indicado.

Por su parte, la socialista Concepción Burgo ha calificado de "ilegítima" la propiedad de este BIC por parte de los Franco. "Es de justicia que se termine", ha asegurado la parlamentaria del PSdeG, quien ha afeado que la nieta del dictador, Carmen Martínez-Bordiú, "se fotografíe" cada verano para revistas de sociedad en esta casona.

RECHAZO DEL PP

La proposición de ley ha sido rechazada por los populares gallegos, cuyo diputado César Fernández Gil ha asegurado que si se aprobase la propuesta de En Marea se "incumpliría" el derecho a la propiedad privada y varios artículos de la ley.

Estas cuestiones, según ha indicado, darían lugar a "numerosos procesos jurídicos" que podían acabar en el Tribunal Supremo, en el Tribunal Constitucional o en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Por ello, ha incidido en que el "debate" no es sobre si "se juzga al franquismo" sino la "vigencia y la aplicación del Estado de Derecho". Además, ha dejado claro que "la Xunta defendió con rotundidad la apertura del pazo cuatro días al mes".

"La defensa del interés general por parte del Gobierno gallego no quedó ahí, en 2016 incoó un expediente informativo para dirimir si los propietarios incumplían el régimen de visitas", ha recordado Fernández Gil, para afear a En Marea que les acuse de defender los intereses de la familia Franco cunado lo que hace el Ejecutivo autonómico es "velar por el escrupuloso cumplimiento de la legislación".

Estas palabras han provocado que, en su turno de cierre, Antón Sánchez, como defensor de la iniciativa, acusase al PP de "poner excusas de mal pagador" para no apoyar la iniciativa. Frente a ello, ha pedido "encajar la justicia en la legalidad" para lo que, en su opinión, solo hace falta "voluntad política".

CRÍTICAS DE LOS COLECTIVOS

Tras el rechazado del PPdeG, en declaraciones a los medios, uno de los miembros de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica, Fernando Souto, ha asegurado que la legalidad no puede "impedir que se haga justicia", por lo que ha pedido al Partido Popular que "legisle para hacer justicia" y no en base a normas que "impiden la devolución de una propiedad a quien la pagó" que, en este caso, según ha indicado, es "el pueblo gallego".

Además, ha censurado no haber podido acceder al hemiciclo para escuchar el debate. "Es un acto antidemocrático, no cometimos ningún delito para no poder escuchar a nuestros representantes", ha manifestado otro integrante de la Comisión, Suso Díaz, quien ha pedido que la Cámara deje de retirar las invitaciones cada vez que se producen alteraciones en los plenos por parte del público.

Por último, también ha atendido a los medios el alcalde de Sada, Benito Portela, quien ha cuestionado la actitud del Partido Popular y ha avanzado que, desde el Consistorio, "seguirá luchando para recuperar para la población el Pazo de Meirás".