El exalcalde de Zurgena (Almería) Cándido Trabalón y su concejal de Urbanismo Manuel Tijeras "promovieron un contubernio" para la concesión "mediante subterfugios y fraude de ley" de cientos de licencias urbanísticas ilegales en el municipio "de las que se beneficiaron mucho más de lo que se ha conseguido probar" ya que había "muchísimo dinero en juego".

Así lo ha expresado en sala, durante el trámite de informes de la vista oral de la macrocausa 'Costurero' el fiscal, quien ha asegurado que nadie comete "irregularidades con la persistencia y contumacia" de los dos principales acusados "a cambio de nada" y ha considerado que, del comportamiento de ambos excargos públicos, existía "la voluntad de dar licencias dijeran lo que dijeran los técnicos". "Ninguno de los dos se ha cortado", ha dicho, tajante.

El Ministerio Público, antes de desgranar sus conclusiones definitivas al tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia, ha modificado su escrito de acusación provisional y ha interesado para el exregidor zurgenero penas de prisión que suman 18 años y seis meses, además de 48 años de inhabilitación especial para empleo y cargo público y dos de inhabilitación especial para oficio relacionado con la construcción, frente a los 180 años de cárcel y los 1.050 años de inhabilitación que pedía de manera inicial al convertir los delitos en continuados.

Atribuye, de este modo, a Trabalón, la comisión de tres presuntos delitos continuados de prevaricación urbanística, un delito continuado de negociaciones prohibidas a funcionarios, uno de falsedad documental, dos delitos continuados de cohecho y un delito contra la ordenación del territorio. Al margen de las penas privativas de libertad, ha interesado el abono de multas de 20, 8 y 14 meses con una cuota diaria de 12 euros, y otra multa de 400.000 euros por los supuestos cohechos.

Con respecto a Tijeras, ha solicitado penas de cárcel que suman nueve años y nueve meses y un total de 46 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, así como multa de 20 meses a razón de 12 euros al día por el delito continuado de negociaciones prohibidas a funcionarios. También imputa al ex concejal la supuesta comisión de tres delitos continuados de prevaricación urbanística y uno de cohecho. Inicialmente, se enfrentaba a 178 años y seis meses de prisión.

En su exposición ante el tribunal, el fiscal ha señalado que "no hay duda" de la "naturaleza no urbanizable" de los suelos sobre el que autorizaron las construcciones y ha hecho alusión a los procedimientos penales ya sustanciados y que concluyeron con pronunciamientos absolutorios para asegurar que, en eso casos, no había "ni la milésima parte de la carga probatoria que en este juicio".

Ha distinguido hasta cuatro etapas en la gestión supuestamente irregular de ambos: una primera, cuando Tijeras concedió un total de 40 licencias de obras por "su real voluntad"; una segunda en la que la aprobación se sometió al órgano colegiado del pleno para "diluir la responsabilidad" por decisión del exalcalde y del propio exedil; y una tercera en la que, Trabalón, "sabiendo que eran ilegales" y ante el inicio de procedimientos judiciales por conflictos con la Junta andaluza, no se "atrevía a llevarlas a pleno ya que deseaba no concederlas de forma manifiesta" y decidió "no resolver voluntariamente la concesión o denegación dejando transcurrir el plazo de tres meses para dictar una resolución, certificando luego la concesión por silencio administrativo".

La cuarta vía, en la que implica a ambos, habría pasado por dar licencias de segregación de fincas rústicas en suelo no urbanizable aunque, "inmediatamente después se autorizaba a dividir la finca en un numero determinado de parcelas que se calificaban como de naturaleza urbana cuando eran suelo no urbanizable".

"RELACIONES ESPECIALES CON PROMOTORES Y CONSTRUCTORES"

El Ministerio Público, que a lo largo de su intervención ha insistido en varias ocasiones sobre la naturaleza "especial" de las "relaciones" con promotores y constructores que mantenían tanto Trabalón como Tijeras "tal y como se aprecia" en las escuchas telefónicas incluidas en el sumario, ha remarcado que ambos "no sólo aprobaron la concesión de licencias" sino que resulta "evidente" que también las "promovieron, los que los convierte, por si alguien tenía alguna duda, -ha añadido- en los máximos responsables del delito".

En este punto, se ha referido al hecho de que, "teniendo conocimiento de que los informes que emitirían los arquitectos técnicos de Diputación serían contrarios a la concesión de las licencias", decidieran contratar en dos ocasiones a técnicos por el Ayuntamiento para que "elaborara los informes técnicos en sentido favorable". Asimismo, ha aludido a que usaran, para "intentar dar una apariencia de legalidad", el "subterfugio" de considerar suelo no urbanizable como suelo urbano cuando este contara con servicios básicos.

"Así, si el suelo carecía de estos servicios, Trabalón y Tijeras indicaban a los promotores que, antes o al solicitar la licencia, procedieran a realizar obras de urbanización para dotar de aquellos servicios sin ningún tipo de licencia para ello", ha apuntillado.

PRESUNTOS COHECHOS

En su escrito de conclusiones definitivas, el fiscal acusa al exalcalde de promover, "de forma clandestina" y a nombre de su cuñado, viviendas en un paraje no urbanizable propiedad de su padre y de "votar en pleno a favor" de la concesión de cada una de las tres licencias" en las que usó el nombre del marido de su hermana "para evitar que su nombre figurara".

Para la ejecución de las estructuras de las cinco viviendas, según destaca el Ministerio Público que cifra el coste en 177.971,08 euros, Trabalón "concertó" con los dos administradores de dos constructoras "que ejecutarían aquellos trabajos sin cobrar precio a cambio de que el primero concediera a aquellas mercantiles licencias de obras para la construcción de 49 viviendas en suelo no urbanizable que no estaba permitidas por la legislación, así como que les facilitara las licencias de primera ocupación".

El segundo delito de cohecho que le imputa derivaría de un supuesto acuerdo con una tercera mercantil, que había obtenido licencia en suelo no urbanizable para 120 viviendas, para que construyera la estructura de un edificio de planta baja y dos plantas con cuatro viviendas que quería levantar en el núcleo urbano de Zurgena "sin que conste que se efectuara pago alguno" por ello.

Con posterioridad, tal y como ha indicado en sala, "concertó" con una cuarta mercantil "el cerramiento exterior" y la construcción y acondicionamiento del local comercial "sin cobrar su precio -200.000 euros- a cambio de que Trabalón concediera o facilitara la concesión de licencias". "En aplicación de ese pacto , se aprobaron licencias a favor de esta empresa para 50, 73, y 94 viviendas contrarias a la normativa urbanística", ha precisado.

En el caso de Tijeras, ha detallado que el administrador de dos mercantiles "le hizo entrega de cantidades de dinero cuyo número y cuantía no ha podido determinarse" con la finalidad "no sólo de que le asesorara en materia urbanística y redactara y preparara los escritos que dirigía al Ayuntamiento, sino especialmente para que le concediera o votara a favor de la concesión de numerosas licencias urbanísticas contrarias a la legalidad".

"Como retribución por la concesión de aquellas licencias y para que le siguiera concediendo, el promotor decidió adquirir un vehículo para que lo utilizara gratuitamente el concejal, que aceptó el obsequio valorado en 30.809,79 euros", ha concluido.