Este lunes concluye el proceso participativo que permitirá finalizar la redacción de este plan demográfico, proceso que se ha desarrollado durante los dos últimos meses, a través de nueve talleres con la participación de más de 200 personas y la presentación de 816 aportaciones, de las que se han aceptado e incluido al texto el 70 por ciento.

Así lo señalado el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, durante la jornada de retorno del borrador de la Directriz de Política Demográfica y contra la despoblación que se ha celebrado en Huesca este lunes.

Soro ha explicado que "la creación de empleo para luchar contra la despoblación no es suficiente, pero es un elemento previo absolutamente necesario y ha habido muchas aportaciones en este sentido, que se han incorporado, como el apoyo al cooperativismo" y otras "en clave de impulsar la industria agroalimentaria".

Además, una de las apuestas para facilitar el acceso de empleados públicos a las zonas despobladas está vinculada a la rehabilitación y creación de viviendas que puedan ofertarse en alquiler, así como lograr alquileres en zonas turísticas a precios más normalizados para trabajadores en temporada alta.

El responsable del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda ha añadido que "el segundo eje que más ha preocupado es la calidad de los servicios públicos que recibe la ciudadanía, especialmente en el medio rural y de una forma muy determinada en el ámbito educativo".

APORTACIONES RECHAZADAS

El consejero ha indicado que el 30 por ciento de las aportaciones recibidas han sido rechazadas porque en muchos casos planteaban cuestiones inconstitucionales, como obligar a los funcionarios a residir en el lugar en el que prestan su servicio, aunque lo que sí se puede hacer es incentivarlos de alguna manera, ha apuntado Soro.

A finales de este mes, el borrador de la directriz pasará a exposición pública hasta la primera quincena de julio. Durante el verano, se llevará a cabo el trámite ambiental y los informes jurídicos y se espera que la aprobación definitiva tenga lugar a primeros de octubre y que la valoración económica de estas medidas tenga su reflejo en los Presupuestos de la Comunidad de 2018.