Los letrados del Parlament han solicitado al Tribunal Constitucional (TC) que levante inmediatamente la suspensión cautelar de la disposición de los Presupuestos catalanes que hace referencia al referéndum y de las partidas que permitirían financiarlo, teniendo en cuenta los "daños reales e irreparables" que provoca esa suspensión.

Lo han pedido en un escrito, publicado en el Butlletí Oficial del Parlament (Bopc), en que recopilan sus alegaciones al recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central contra la disposición del referéndum y las partidas que permitirían financiarlo; todas ellas, suspendidas cautelarmente por el TC hasta emitir una resolución, que para los letrados no debería "demorarse" más de cinco meses.

Firman las alegaciones el secretario general del Parlament, Xavier Muro; el letrado mayor, Antoni Bayona, y el letrado Fernando Domínguez, y "no pretenden, en la medida de lo posible, entrar en el contexto político ni en las argumentaciones políticas, convencidos de que existen firmes argumentos jurídicos para defender la plena constitucionalidad" de la disposición adicional 40 y de las partidas presupuestarias impugnadas.

Alertan de que la suspensión produce daños irreparables "esencialmente políticos, aunque posteriormente se acaben trasladando a los ámbitos económico y financiero", y llaman a buscar soluciones políticas a las diferencias entre los gobiernos catalán y central.

Los letrados constatan textualmente que hay una clara existencia de conflictividad constitucional entre el Estado y Cataluña, y que prolongar la suspensión de normas y la resolución de los procedimientos "no hace sino retrasar el momento en que la vía política puede encontrar una solución a dicha conflictividad".

También avisan de que las partidas suspendidas pueden poner en riesgo la celebración de unas elecciones autonómicas y de consultas populares que no tienen nada que ver con el proceso soberanista.

Además, señalan que el levantamiento de la suspensión de la disposición 40 y de las partidas presupuestarias impugnadas "no dificulta una posterior y eventual puesta en marcha por el Estado de los procedimientos adecuados para proteger el ordenamiento constitucional".

Los letrados admiten que la redacción del punto más polémico de las cuentas es "mejorable técnicamente", pero aseguran que aludir al 'proceso refrendario sobre el futuro político de Cataluña' no está fuera de la Constitución.

Argumentan que este proceso refrendario que reflejan las cuentas "no prescribe la no utilización del proceso de reforma constitucional" ni excluye las vías de acuerdo con el Estado, por lo que concluyen que es legal.