La sentencia, fruto del escrito de conformidad que firmaron conjuntamente el Ministerio Fiscal, las acusaciones y la defensa, establece que los hechos son constitutivos de diez delitos de homicidio y dos de lesiones, todos ellos por imprudencia grave, según informaron fuentes jurídicas.

Los hechos ocurrieron el 23 de enero de 2005 cuando uno de los operarios que trabajaba en la ampliación y renovación del carril bici de la ciudad, José Luís Garachana, comenzó a manipular una garrafa de gasolina de unos 20 ó 25 litros que repentinamente se incendió, por "motivos que no han sido totalmente esclarecidos". Según la sentencia "el trabajador, sorprendido y asustado, arrojó la garrafa al suelo intentando sacarla del recinto sin conseguirlo".

Una gran bola de fuego y gases superiores a los 700 grados centígrados alcanzaron a los operarios que se encontraban más al fondo del local, que resultaron ser las diez personas fallecidas: José Luis Bustillo Nava, Rubén Vallejo Alonso, Benjamín Antonio Tejido Pomar, Alejandro Escarpellini, Benjamín Santamaría Pérez, Angel García Martín, Rodrigo Pérez Pérez, Manuel Rey Benito, José Luis López Garachana y Etimane Ould Ely.

Los dos heridos de gravedad fueron Raúl Benito García y José Vicario Calvo. En la sentencia se explica que ambos sufren secuelas actualmente y que han recibido las respectivas indemnizaciones, de 898.292,70 euros el primero y 560.428 euros el segundo.

Asimismo, el fallo aclara que la constructora responsable, Construcciones Arranz Acinas, "pagó todos los gastos de entierro y funeral de las víctimas, satisfizo a las familias varias nóminas de salarios gratuitamente para subvenir los gastos hasta que causaran la pensión pertinente y creó una Fundación con el fin de coadyuvar la atención y asistencia de los accidentados y su familiares". Así mismo, la empresa ha indemnizado a las familias con las cuantías pactadas, que ascienden a un total de 2.111.280 euros.

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