La Asamblea de Extremadura ha instado a la Junta a poner en marcha un sistema de valoración de la situación de dependencia "más ágil", con un

refuerzo de recursos humanos y económicos que posibiliten la creación de nuevos equipos de valoración.

Se pretende con ello permitir acortar plazos, disminuir el número de personas pendientes de valoración y someter a una revisión sistemática y periódica a los dependientes incorporados al sistema.

Asimismo, en dicha propuesta, se insta al Ejecutivo regional a crear una Unidad Específica de Valoración de la Discapacidad y Dependencia en un mismo acto administrativo para los niños de 0 a 6 años.

La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Consuelo Rodríguez Píriz, ha sido la encargada de defender esta propuesta de impulso que ha contado con el apoyo del resto de grupos parlamentarios (PSOE, Podemos y Ciudadanos).

En su intervención, Píriz ha criticado que Extremadura esté "al borde del colapso" en cuanto a aplicación de esta ley, ya que "no hay criterio, ni proyecto" mientras el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "mira para otro lado" y dicha ley "le importa un bledo".

Además, en la justificación de la propuesta, Consuelo Rodríguez Píriz, ha indicado que la región no cuenta en la actualidad con un conocimiento real sobre la situación de los dependientes.

Así, a las casi 6.000 personas que están esperando para ser

valoradas, se suman los cientos de dependientes que no se encuentran "correctamente valorados" al no haber sido sometidos a revisión de su grado de dependencia por falta de personal.

Por ello, es necesario tener en cuenta que, según los datos arrojados por el sistema de dependencia, el número de personas que se incorpora al sistema está en torno al 75 por ciento de las solicitudes, por lo

que más de 4.300 personas se encuentran actualmente fuera del mismo, "aún teniendo derecho a estar dentro del marco de protección".

Además, el número de solicitudes aumenta aproximadamente en 1.250 al año, lo que teóricamente suponen 937 personas más cada año que serían beneficiarias de prestación, motivo por el cual es necesario implementar mecanismos que reduzca el número de personas en situación de espera para ser valoradas.

Junto a lo anterior, la espera también afecta a la recepción de la prestación ya reconocida. Así, según los últimos datos de los que dispone dicho grupo parlamentario, hay 24.081 personas que reciben algún tipo de prestación pero otras 10.896 están esperando recibirla, a lo que hay que sumar 4.312 personas que serían beneficiarias de prestación si no hubiera lista de espera en la valoración, lo que supone que 39.289 personas tendrían derecho al nivel mínimo de protección garantizado por la Administración General del Estado.

Esta lista de espera alcanza también a los menores de 6 años, con el "grave perjuicio" que les ocasiona al limitar la actuación urgente y necesaria enmarcada en la Promoción de la Autonomía de la Ley de Dependencia.

Por ello, la diputada del PP ha defendido esta propuesta de impulso, que pretende ser "constructiva", además de instar a la Junta a dejar de hacer "experimentos", a reestructurar las zonas sociosanitarias o a mejorar el sistema informático.

Por su parte, en el turno de fijación de posiciones, la diputada socialista María Dolores Becerra ha afeado que el PP necesitó cuatro años para incorporar a más de 4.000 dependientes, además de criticar que el modelo de aplicación de la Ley de la Dependencia de Mariano Rajoy es a base de decretazos, de recortes, de expulsión de personas con el cambio de calendario o de endurecimiento requisitos de valoración.

Así ha dicho que los 'populares' han bajado la lista de espera en dependencia quitando derechos a los ciudadanos, además de considerar que esta iniciativa es "oportunista", ya que los 'populares' saben que el Sepad está trabajando ya en la materia "pese a la asfixia" del PP.

De esta manera, Becerra ha indicado que, según el último informe del Observatorio Estatal de al Dependencia, Extremadura ha mejorado en la lista de espera, en el equilibrio entre prestaciones económicas y servicios, en el incremento interanual de beneficiarios, en gasto público autonómico, en los empleos directos generados y en los servicios de proximidad.

Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Podemos Obed Arnaldo Santos ha lamentado que todos conocen lo que ha pasado en los últimos años con esta ley, ya que, tras los recortes y la falta de fondos para desarrollarla, dicha labor ha recaído en las comunidades.

De esta forma, Santos ha considerado que la situación de la dependencia en Extremadura es "preocupante", con "penosas" condiciones laborales y falta de aparataje para desarrollar el trabajo a cargo de los profesionales.

Además, el diputado autonómico ha indicado que no entiende cómo puede haber una lista de más de 6.000 extremeños para esperar una valoración en cuanto a su grado de dependencia.