El Sector de Administración Local de la UGT ha señalado en una nota que las leyes policiales que se han ido aprobando "siempre han adolecido de los mismos errores con respecto a las policías locales, como consecuencia de que los alcaldes y los ayuntamientos de nuestros pueblos nunca han querido reconocer a sus agentes su formación y sus funciones y, mucho menos, pagarles por ello, aunque no hayan reparado en exigirles las mismas obligaciones".

En este sentido, la UGT considera que en el actual proyecto de ley de Policías, los cuerpos de policías municipales "quedan nuevamente relegados en lo que a derechos se refiere, aunque se les imponen las mismas obligaciones que a los demás, diferencias que alcanzan la más absoluta marginación en el caso de los agentes municipales de localidades sin cuerpo policial propio (todas con la excepción de Pamplona, las cabezas de Merindad y cuatro más), convertidos en una especie de agentes de segunda, con la caracterización de brazo ejecutor del alcalde de turno a la hora de sancionar".

Según el sindicato, estos agentes se quedan "sin garantías laborales y salariales, que se dejan a la voluntad del ayuntamiento, y sin ningún tipo de regulación en la propia ley, cuando hasta ahora podían incluso acceder a ascensos en otros Cuerpos, al ser agentes con conocimientos integrales al servicio del ciudadano".

Como consecuencia de todo ello, el Sector de Administración Local de la UGT ha rechazado el proyecto de Ley de Policías de Navarra, que "no soluciona las carencias de la Policía Foral, de las policías locales, ni de los agentes municipales y, mucho menos aún, las de la ciudadanía navarra, que tiene derecho a un buen servicio de policía, viva donde viva y le atienda quien le atienda".

Así, UGT ha exigido la retirada "inmediata" del proyecto de ley de Policías de Navarra y que se redacte, "de una vez por todas, un proyecto de ley con ambición de futuro, que cuente con un amplio consenso político, sindical y social para no vernos abocados, una vez más a esperar un cambio de Gobierno para volver a modificarla".

"La ciudadanía navarra tiene derecho a tener un buen servicio de Policía, independientemente de quien gobierne, y los miembros de las Policías de Navarra tienen derecho a una estabilidad y seguridad jurídica, para poder preocuparse exclusivamente de prestar el mejor servicio posible, sin espadas de Damocles pendiendo continuamente sobre sus cabezas", ha concluido.