El 17,3% de las familias que no puede pagar la hipoteca o alquiler a tiempo son monoparentales

  • Amnistía Internacional publica 'La crisis de la vivienda no ha terminado', un informe en el que manifiesta su preocupación por los desahucios y la vivienda social.
  • Las mujeres víctimas de violencia machista en Madrid se quedan sin acceso a una vivienda social si no tienen una sentencia firme u orden de protección.
  • Hay poca vivienda social y el gasto para el acceso y apoyo a la rehabilitación a la vivienda ha bajado en 2016.
Paula es una afectada por la venta de su vivienda a un fondo de inversión.
Paula es una afectada por la venta de su vivienda a un fondo de inversión.
AMNISTÍA INTERNACIONAL
Entre 2011 y 2013, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid vendieron viviendas sociales a fondos de inversión y se han desentendido de las miles de familias afectadas. "No están dejando muebles en la calle, somos seres humanos, hay niños", señala Paula, una de las afectadas por la venta de su vivienda a Encasa Cibeles por parte del IVIMA.

Entre 2011 y 2013, la Comunidad y Ayuntamiento de Madrid vendieron 4.800 viviendas sociales y prometieron que sus inquilinos no se verían afectados por el cambio de dueño. Después se comprobó que no fue así: "Varias personas fueron desahuciadas mientras que otras desalojaron voluntariamente su piso antes de la fecha del desahucio por miedo y vergüenza", denuncia Amnistía Internacional en su informe La crisis de la vivienda no ha terminado publicado este jueves.

"En 2016 el 11% de las familias no pudieron pagar  a tiempo la hipoteca o el alquiler. De todos estos, un 17,3% fueron familias monoparentales", señala el informe. Además, "hubo 34.193 desahucios por impago de alquiler".

Impacto de género

Estas son las personas que siguen sufriendo la crisis. Pero son las mujeres las que padecen aún más dificultades. Sobre todo las víctimas de violencia machista en Madrid que no tienen una sentencia firme u orden de protección puesto que esto les dificulta optar a una vivienda social si la necesitasen, donde se les da prioridad. Aunque fueron 142.893 mujeres las que denunciaron, 43.311 mujeres solicitaban órdenes de protección en 2016, "tan solo se concedieron 24.367".

Un 22,1% de la población española se encuentra en riesgo de pobreza, pero en el caso de los hogares monoparentales asciende hasta el 37,5%. Estas familias encabezadas por un progenitor y uno o varios hijos, en su mayoría (83%) son monomarentales, es decir, las madres son quienes encabezan la familia y deben mantenerla.

Algunas familias son desahuciadas por impago sin tener un lugar alternativo donde vivir. A veces, con la ayuda de inquilinos, trabajadores sociales o abogados pueden suspender la orden por un mes, mientras encuentran un sitio en el que quedarse. La Ley de Enjuiciamiento Civil "no da al juez/a los medios para examinar la proporcionalidad y razonabilidad del desahucio teniendo en cuenta el grado potencial de vulnerabilidad del inquilino/a", explica este informe de Amnistía Internacional. Esta falta de proporcionalidad "tiene efectos especialmente perjudiciales para las mujeres", que son las que copan el trabajo a tiempo parcial, son un 72% de los trabajadores a media jornada y suelen ser, también, las que asumen el cuidado de otras personas del hogar (familiares discapacitados o enfermos, por ejemplo).

Carencia y gasto en vivienda social

Solo el 2% de las casas son viviendas sociales España tiene una carencia de vivienda social con respecto a otros países de la Unión Europea. A pesar de la burbuja inmobiliaria, solo el 2% son vivienda social, mientras que en países como Holanda, Austria, Reino Unido y Francia, hay un 32%, 20%, 18% y 17%  respectivamente.

Esta carencia se suma también a que el pasado año el Gobierno "redujo en un 63,5% el presupuesto en vivienda respecto a 2009". En 2009 el gasto para el acceso y apoyo a la rehabilitación a la vivienda fue de 1.606 millones de euros, mientras que en 2016 fueron de 587 millones. Con los Presupuestos Generales de 2017 tampoco parece que vaya a mejorar la situación: "se reduce la partida a 466 millones de euros, un 20,6% menos" respecto al pasado año.

Medidas políticas

Tampoco ha ayudado a mejorar la situación las medidas políticas (o la falta de ellas). Desde la venta de viviendas sociales, hasta protocolos que no aseguran un alojamiento alternativo a las familias, como sucede en Cataluña.

Los dos protocolo, firmado en 2013, ponían en marcha la búsqueda de una residencia alternativa siempre que haya "personas menores, de avanzada edad, discapacitados o con problemas de salud mental" a través de los servicios sociales, que debían ser informados por los juzgados. Sin embargo, "no siempre reciben las notificaciones del tribunal con antelación suficiente". En Barcelona de 3.024 desahucios de alquileres en 2016, solo en 564 casos se aplicó el protocolo.

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