El modelo de dependencia de Castilla y León está siendo analizado como referente por el Gobierno de Canarias, que baraja trasladar a las islas la experiencia en la materia del castellanoleonés para agilizar la tramitación de las ayudas incorporando a los ayuntamientos insulares como gestores, en una primera fase, a la hora de valorar las peticiones y dar de alta en el sistema a los beneficiarios de las prestaciones.

Así lo ha anunciado hoy la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda de Canarias, Cristina Valido, tras el encuentro de trabajo mantenido en Valladolid con la titular de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Alicia García, en el que esta última ha expuesto a la primera el modelo de atención a la dependencia en esta Comunidad cuya ley data de 2010 y que, además, cuenta en toda España con el único Catálogo de Servicios Sociales.

La consejera canaria, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha puesto como modelo el castellanoleonés, "con datos de dependencia envidiables para el resto de España", y ha subrayado la importancia de tomarlo como referencia teniendo en cuenta que el Ejecutivo insular pretende llevar al Parlamento antes del verano una Ley de Servicios Sociales lo más avanzada posible en términos de eficiencia y eficacia, junto con el correspondiente Catálogo.

"Queremos ir trabajando en ese Catálogo antes de la aprobación de la Ley para ir ganando tiempo", ha subrayado Valido, quien ha expresado la necesidad de que Canarias abandone de este modo, "en tiempo récord, el vagón de cola" para ofrecer a sus ciudadanos las mejores prestaciones en este ámbito.

A tal efecto, la consejera canaria aboga por descentralizar el sistema para que éste no sea competencia exclusiva de la Dirección General de Atención a la Dependencia del Gobierno de Canarias y al mismo puedan incorporarse los ayuntamientos, a semejanza del modelo aplicado en Castilla y León, para que las administraciones locales puedan intervenir en una primera fase a la hora de valorar y dar de alta automáticamente a los solicitantes en el sistema, prestándoles así el servicio o hacerles llegar la prestación económica que corresponda.

"Ese convenio o acuerdo no existe en Canarias, donde todo pasa por el Gobierno, lo que genera un cuello de botella que no terminamos de resolver", lamenta Valido, quien por ello defiende una nueva "arquitectura en la que trabajen conjuntamente la Dirección General, los ayuntamientos y los cabildos" para agilizar la tramitación de las prestaciones.

ACTUALIZAR EL CATÁLOGO CASTELLANOLEONÉS

Por su parte, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha ensalzado el modelo existente en la Comunidad, con una ley y un catálogo pionero en toda España que, como así ha recordado, ha permitido detectar 38 necesidades y hasta 190 modalidades de prestación, "de forma que una necesidad puede ser atendida por diferentes prestaciones y una prestación puede atender distintas necesidades".

Sin embargo, García ha anunciado que su departamento evaluará y actualizará dicho catálogo este año para incorporar nuevas prestaciones, después del convenio suscrito con el Procurador del Común para ofrecer un servicio especializado en Renta Garantizada de Ciudadanía, ayudas de emergencia o compatibilizar prestaciones de dependencia.

Ambas consejeras, cuyas autonomías, junto con otras cinco, integran el grupo de trabajo sobre Ley de Dependencia, han compartido también la necesidad de que la financiación en la materia sea compartido al 50 por ciento por el Gobierno y las CC.AA, como así estipula la ley, y que en la actualidad no se está cumpliendo, ya que en Castilla y León el porcentaje aportado por el Gobierno autonómico se eleva al 81%, frente al 19% del Ejecutivo central.

"Vemos necesario que de manera progresiva se vaya compensando esa distribución al 50%", ha insistido García.