El Ministerio Fiscal sostiene que, a finales de octubre de 2012, los acusados propusieron a varias personas (al menos cuatro) ir a la República Dominicana a pescar angula; así, concertaron varias reuniones con ellos y les ofrecieron un salario de 1.500 euros, más 200 euros por kilo de pesca, útiles de pesca, alojamiento y manutención; condiciones que no se llevaron a cabo, ya que los trabajadores viajaron el 12 de noviembre a República Dominicana y los acusados no les dieron todos los útiles necesarios para la pesca, no les proporcionaron comida ni se les pagó cantidad alguna, pese a estar trabajando 26 días.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores y solicita que se condene a cada uno de los acusados a 3 años de prisión, inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante la condena, y multa de 9 meses con cuota diaria de 12 euros (3.240 euros), con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago y el pago de las costas.
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