El comienzo del juicio estaba fijado para este martes -con tres días de cuestiones previas- tras haber sufrido la causa -con siete años de instrucción- dos aplazamientos: uno de ellos en noviembre de 2015 y otro en marzo de este año.

Al comienzo de la vista, el presidente del tribunal ha comunicado que uno de los abogados -designados por el turno de oficio- que llevaba la defensa de Sena no había podido comparecer tras alegar una baja médica. Le ha dado seguidamente la palabra al acusado y éste ha ratificado un escrito que presentó la pasada semana en el juzgado en el que pedía un nuevo abogado del turno de oficio por encontrarse en situación de indefensión "total".

Para cubrir la ausencia de este letrado -que ha presentado su renuncia-, ha comparecido en la Sala un compañero de éste que ha indicado al tribunal que estaba allí para hacer una "presencia testimonial" y "por compañerismo". "Mientras esté enfermo, le voy a hacer el favor. Es una defensa testimonial porque no he recibido ninguna instrucción por parte del cliente", ha dicho.

Frente a ello, el tribunal le ha señalado que "las defensas testimoniales no existen" y que si asumía la defensa de Sena era "con todas las consecuencias". Pero el letrado ha negado este extremo, lo que ha motivado que los magistrados preguntaran a las partes si creían conveniente suspender la vista o realizarla por separado -sacando a Sena en otro procedimiento-.

La mayoría de partes se ha opuesto a la segregación, entre ellos el ministerio fiscal, quien ha manifestado que "no es posible la separación de Sena de la trama de los lodos". Asimismo, la Emshi, quien ejerce de acusación particular, también se ha opuesto y ha alegado que Sena y el fugado Jorge Ignacio Roca "han estado trabajando juntos desde el principio", con lo que veía "imposible" separarlos en dos procedimientos diferentes.

La inmensa mayoría de las defensas también ha manifestado su disconformidad con la posibilidad de separar las causas e, incluso, tres abogados se han ofrecido a llevar la reprsentación del empresario hasta que el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (Icav) le designe un nuevo letrado del turno de oficio en caso de considerarlo conveniente.

En concreto, el letrado de Esteban Cuesta, exgerente de Emarsa, ha manifestado que su ofrecimiento se debía al "interés" de su representado en celebrarse el juicio. "Por eso damos este paso adelante y creo que podemos asumir la defensa -de Sena- hasta la designación por el Icav". Por su parte, el abogado de Enrique Arnal, exdirector financiero de la entidad, quien también se ha sumado al ofrecimiento, ha justificado esta medida en evitar "cualquier crisis procesal que impida el desarrollo de la vista".

El tribunal se ha retirado a deliberar durante alrededor de una hora y ha acordado finalmente que se celebre el juicio por la pieza principal dejando fuera, en otro procedimiento, a Sena hasta que cuente con un abogado. También ha acordado que se deduzca testimonio al letrado que ha presentado la baja médica por si hubiera incurrido en algún tipo de responsabilidad penal.

Los magistrados han adoptado esta medida en base a jurisprudencia del Tribunal Supremo y teniendo en cuenta que en esta causa hay una persona presa, Roca. El objetivo es evitar, además, dilaciones indebidas, ha aseverado el tribunal, quien ha manifestado que las partes no han dado "argumentos rigurosos" que impidan celebrar las vistas de forma separada. Por ello, el juicio arrancará este miércoles a partir de las 9.45 horas y se dirigirá finalmente contra 24 personas. Sena será juzgado de forma independiente.

LOS ACUSADOS

En el banquillo de los acusados se sientan el fugado Jorge Ignacio Roca; el exvicepresidente de la Diputación de Valencia y expresidente del consejo de administración de Emarsa, Enrique Crespo; y los que fueran cargos de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), José Juan Morenilla (gerente) e Ignacio Bernácer (jefe de Explotaciones).

Comparten asiento con el exgerente de la depuradora, Esteban Cuesta; Enrique Arnal, ex director financiero de Emarsa; Adolfo Polo, jefe del área medioambiental; Sebastián García Martínez 'Chanín', exinformático de la entidad; Enrique Arnal Llorens, ex director económico-financiero; Santos Peral, jefe de contabilidad y que tenía responsabilidad políticas en el PP de Valencia e Ignacio Martínez Maiques, jefe de compras e igualmente miembro del PP.

Junto a ellos figuran como acusados en esta pieza los empresarios Enrique Sena y Vicente Ros Bartual, relacionados con Notec; María Paz García martínez, hermana de 'Chanín'; la administradora del Grupo Mas, Eva Marsal Gil; Juan Manuel García, administrador de Arrima Centre d'Estudis; Juan Carlos Gimeno, que fue encargado de gestión ambiental de la planta y posteriormente administrador de Area Este y CRM Adecua y Vicente Tomás Benlloch, administrador de Viajes Benimàmet.

Otros acusados son Ana María Ríos Solaz, periodista contratada por Emarsa; Leonor Moreno, abogada de la entidad; Luis Antonio Botella, abogado y primer teniente alcalde de Moncada; Rafael Quiles, asesor del grupo de empresas de 'Chanín'; Daniel Calzada de la mercantil Llar Calzada y a José Ramón Cuesta, hermano del exgerente.

El procedimiento saltó a la luz en 2010, cuando el PSPV denunció que Emarsa acumulaba un déficit de al menos 16 millones de euros, además de contratos no justificados por valor de unos 32 millones más. El proceso se dividió en 11 piezas, entre ellas la principal.