De esta forma, la Concejalía de Derechos Sociales actualiza el protocolo de intervención para los casos leves o moderados leves que establece el trabajo a realizar con los menores y sus familias para paliar la situación de desigualdad social que puedan sufrir.

El texto actualizado recoge nuevas herramientas y criterios de valoración de los casos, coordinación con los servicios de atención al menor o mejoras en el sistema de derivación de casos leves a moderados leves.

También recoge la tipología de situaciones de desprotección y su definición, un sistema de indicadores para su detección, diagnóstico y pronóstico, basado tanto en las necesidades de los menores como en su nivel de satisfacción o las deficiencias en su atención, a lo que se añade un sistema de indicadores sobre síntomas o indicios presentes en los diversos tipos de desprotección y que pueden ser observados tanto en la conducta del menor, de los padres o tutores o en su entorno.

Además, se sigue contando con tres equipos especializados, compuestos por un psicólogo, un educador, un trabajador social y un asesor jurídico.

El documento se ha elaborado en base a cinco aspectos importantes para la valoración y resolución de los casos de desprotección: análisis del régimen jurídico de la intervención de los Servicios Sociales Municipales de Atención Primaria para la protección de menores en la Región de Murcia; y fundamentación técnica que guía la intervención, actuaciones y toma de decisiones de los Servicios Sociales Municipales de Atención Primaria.

Además del protocolo para la detección, valoración e intervención en situaciones de desprotección infantil: equipos técnicos; notificación y recepción de la demanda; comprobación de antecedentes; valoración inicial; investigación y sus participantes; diseño, ejecución, seguimiento y coordinación con Servicios Sociales Especializados.

Y el protocolo de actuación en casos de mendicidad infantil y del ejercicio de la mendicidad con menores; además de anexos de apoyo para la implementación del Proyecto.

El proyecto está en vigor desde 2013 y ha permitido la atención cada curso de más de 350 unidades familiares y 1.400 menores con situaciones de desprotección leve y otras 70 unidades familiares y 170 menores con situaciones de desprotección moderada.

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