Caso de las Teresitas
El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo (d) y el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo (i), ambos condenados a penas de prisión por el caso de las Teresitas. EFE

El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife y exsenador, Miguel Zerolo (Coalición Canaria), ha sido condenado a siete años de cárcel y 17 años y medio de inhabilitación absoluta por un delito de malversación, y a otros ocho años y nueve meses de inhabilitación para ejercicio público por un delito de prevaricación.

La sentencia de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, hecha pública este jueves, también contempla la misma condena para el exconcejal de Urbanismo, Manuel Parejo, mientras que los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, han sido condenados a 5 años y tres meses de prisión como cooperadores de un delito de malversación, y a una inhabilitación de 21 años como cooperadores en los delitos de malversación y prevaricación.

Además, el funcionario Víctor Reyes ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel y a 14 años de inhabilitación como cooperador de un delito de prevaricación, y a ocho años de inhabilitación especial para ejercer cargo o empleo público por un delito de prevaricación.

El exgerente de Urbanismo, José Tomás Martín, ha sido condenado a cuatro años de prisión y doce de inhabilitación absoluta como cooperador de un delito de prevaricación, y a siete años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación.

Los seis condenados deberán indemnizar al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con 61,6 millones más intereses, mientras que Inversiones Las Teresitas también deberá abonar otros 52,5 millones.

Quedan absueltos los exportavoces municipales Emilio Fresco y José Emlio García Gómez, los empresarios Carlos Plasencia y Pedro González, y los funcionarios José Luis Roca, Antonio Messía de Yraola y José Eugenio de Zárate.

Contra la sentencia cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

Pelotazo urbanístico

El caso de Las Teresitas, una operación de compraventa del frente de la playa de ese nombre de Santa Cruz de Tenerife, fue "un plan urdido" por políticos, funcionarios y empresarios que supuso un beneficio de más de 100 millones de euros a costa del Ayuntamiento.

Esta afirmación está contenida en la sentencia conocida este jueves, que condena a seis de los trece acusados a penas que suman 33 años de prisión.

El tribunal considera que el convenio de compraventa del frente de playa "encarna el resultado de la actuación arbitraria, contraria a la legalidad y al interés público" llevada a cabo por Zerolo, Parejo, Reyes y Martín, que cometieron "delitos de prevaricación y malversación en una actuación concertada" en la que también participaron los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia.

En concreto, sobre el exalcalde Zerolo la sentencia afirma que era conocedor de la manipulación del precio de compra y que hay indicios de su papel directivo en la operación.

Se realizó a consta del interés público y sin contraprestación de ninguna clase

Según la sentencia, de 167 páginas, los dos empresarios adquirieron en 1998 los terrenos en primera línea de la playa de Las Teresitas por 33 millones de euros, con un préstamo de CajaCanarias cuestionado por el Banco de España y otorgado "en condiciones extraordinariamente llamativas".

El crédito era el más elevado de la historia de CajaCanarias y se concedió sin estudios previos a la sociedad Inversiones Las Teresitas, propiedad de los dos empresarios, uno de ellos, Ignacio González, consejero de la entidad de ahorro.

Una parte de esos terrenos, once parcelas del frente de playa con un valor de mercado de unos 20 millones de euros, fue adquirida por el Ayuntamiento tinerfeño en 2001 por 52,5 millones, mediante un convenio en el que además se trasladaba el aprovechamiento urbanístico a las parcelas de la trasera de la playa, que quedaron en manos de los dos empresarios y que fueron vendidas posteriormente por 90 millones de euros.

La transferencia del aprovechamiento urbanístico y el cambio de uso de parte del suelo privado se realizó "a título gratuito, a costa del interés público y sin contraprestación de ninguna clase", según la sentencia.

En el expediente del convenio urbanístico fueron omitidos tres informes de tasación emitidos por la Universidad Carlos III, la arquitecta municipal Pía Oramas y por la empresa Pool Gest, que valoraban los terrenos en torno a 20 millones de euros.

Solo se incluyó la "valoración mutilada" de Sociedad de Tasación, por 47 millones de euros, así como un informe de Tinsa que lo elevaba hasta 60 millones.
Según la sentencia, los acusados consiguieron todos los informes favorables para tramitar el convenio, que fue aprobado por unanimidad de los grupos políticos.