La transición energética ya ha comenzado en España. Según apuntan distintas organizaciones, el foco está en quién protagonizará el cambio.

Es decir, si se permitirá la socialización y la democratización de la energía o si serán los mismos actores del antiguo sistema los que sigan gestionando, sin apenas competencia, el nuevo modelo. En la última década, las políticas energéticas españolas han dado bandazos en direcciones opuestas.

Entre 2007 y 2008, España aspiró a ser un país líder en renovables a nivel mundial. Pero, con la llegada de la crisis, estalló la ‘burbuja fotovoltaica’ y el marco legislativo ha ido dificultando el acceso al mercado a los pequeños y medianos productores, además de frenar el autoconsumo.

Rafael Barrera, director general de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER), explica que entre todos los inversores "llegamos a pedir en el banco 23.000 millones de euros, que trasladamos a las empresas que nos pusieron los parques y nos encontramos con que hemos cumplido con lo que nos pidió el Estado, pero tenemos que pagar todos los meses nuestras letras", a pesar de los cambios normativos.

La merma del 30% de las retribuciones a los productores de energía solar –aprobada en 2010 por el Gobierno del PSOE y que llegó hasta el 50% con la llegada del PP a la Moncloa– ha obligado a los pequeños inversores a refinanciar la deuda con las entidades bancarias.

"Si en el BOE o en la documentación detallada hubieran puesto letra pequeña advirtiendo de posibles cambios, no hubiéramos invertido ni un céntimo", defiende Barrera.

Tras unos años de inactividad de políticas públicas a favor de las fotovoltaicas y otras renovables, "ahora que estamos en 2017 se va a aprobar una gran subasta de 3.000 megavatios para alcanzar los objetivos que marca Bruselas", explica Juan José del Valle, director técnico de Ecooo.

El experto justifica que "desde hace décadas el modelo energético español no es el adecuado" y que "la transición energética no se puede ir improvisando, sino que debe hacerse de forma ordenada y planificada". Varias organizaciones se quejan, además, de que esta subasta favorecerá a las grandes empresas, en detrimento de la ciudadanía.

"A efectos ambientales podría parecer que da igual quién protagonice el cambio, mientras se consiga eliminar el carbón, el gas natural y la energía nuclear", adelanta Sara Pizzinato, responsable de la campaña de renovables de Greenpeace. Sin embargo, prosigue, "aunque no se trata de que las grandes empresas desaparezcan de este modelo, no esperamos que sean las cinco grandes eléctricas las que empujen el proceso".

Para Pizzinato, "se trata de sustituir el sistema actual corporativo por uno que ponga a las personas y a la justicia económica a la vanguardia de la transición".

La sociedad ha evolucionado y, a diferencia de lo que ocurría hace unas décadas, son pocos los que hoy ponen en duda el cambio climático. Asimismo, Greenpeace asevera que "el consumo de energía tiene una gran responsabilidad en la emisión de gases de efecto invernadero".

Ahí es donde juegan un papel importante las renovables y, dentro de ellas, las fotovoltaicas. Para cubrir el consumo anual de una familia española media, harían falta ocho paneles fotovoltaicos, según la Organización de Consumidores y Usuarios.

Antonio Quijada vive en Lavapiés (Madrid) y es autoconsumidor de energía fotovoltaica desde el año 2014.

Aunque critica el ‘impuesto al sol’ del Real Decreto de Autoconsumo, es defensor de la autoproducción. Decidió poner su instalación –de 500 vatios de potencia­– "por concienciación medioambiental y empoderamiento, ya que la energía puede estar en manos de los ciudadanos". Afirma ahorrar hasta el 30% de consumo y pretende aumentar la potencia a 2 kilovatios.