El documento ha sido rubricado este jueves por el rector de la Universidad, Alfonso Carlosena, y la consejera Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo.

El documento plantea diversas actuaciones, entre las que destacan completar el censo de personas represaliadas, ampliar la información relativa a la represión sufrida incorporando información contenida en archivos militares y judiciales, explorar nuevas fuentes documentales como el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca o el Archivo General de la Administración de Alcalá, de cara al futuro, y, por último, recoger y grabar testimonios orales relativos a los acontecimientos objeto del convenio, ha detallado en un comunicado el Gobierno de Navarra.

El convenio, con un presupuesto de 55.000 euros subvencionado en su totalidad por el Gobierno de Navarra, se enmarca dentro de los trabajos que ambas instituciones están realizando en el ámbito de la memoria histórica. En concreto, la UPNA viene desarrollando labores en esta materia desde 2011 gracias al trabajo de investigadores y asociaciones de memoria histórica.

Por su parte, el Ejecutivo foral, a través de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, impulsa políticas públicas "basadas en el derecho a la verdad, la justicia y la reparación y en garantías de no repetición".

Según ha explicado la consejera durante la presentación del convenio, "es fundamental conocer con rigor histórico qué pasó tras el golpe militar de 1936 a través de procesos de investigación que permitan arrojar luz sobre la represión política ejercida y que se conviertan en la base sobre la que asentar políticas públicas de memoria".

El grupo de trabajo estará liderado por Emilio Majuelo y Fernando Mendiola, ambos docentes del Departamento de Geografía e Historia de la UPNA y director y coordinador del proyecto, respectivamente. El mismo prevé también la contratación de tres personas más. Los trabajos documentales se realizarán en el Departamento de Historia y Geografía de la Universidad Pública de Navarra y los resultados pertenecerán a esta institución y al Gobierno de Navarra.

En concreto, durante el periodo del convenio se extraerá información contenida en Archivo de la Comandancia Militar de Navarra, en el Archivo Intermedio de la Región Militar de Barcelona y en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (que pertenecieron a la antigua Audiencia Provincial de Navarra y actualmente están depositados en el Archivo General de Navarra). En este último caso, se obtendrá documentación judicial perteneciente al fondo de la Merindad de Pamplona entre los años 1936 y 1975.

En palabras de la consejera, "la utilización de fuentes documentales militares y judiciales se convierte en el pilar fundamental para conseguir aclarar con exactitud lo sucedido".

El rector, Alfonso Carlosena, ha añadido, por su parte, que este tipo de convenios "demuestran la implicación de la Universidad Pública de Navarra en proyectos de interés e importancia social, aportando su experiencia investigadora, y siempre desde su posición académica".

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