Fiscalía se adhiere al recurso del PSCyL para que el juez de 'La Perla' incorpore el alquiler de Bruselas

  • VALLADOLID, 26 (EUROPA PRESS)

Fiscalía de Valladolid se ha adherido al recurso de apelación interpuesto por el PSOE de Castilla y León al objeto de que el juez que investiga el caso de 'La Perla Negra', relativo a la compra del Edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) y del fallido polígono industrial en Portillo, incorpore a la causa el alquiler por parte de la Junta de la sede de la Fundación ADEuropa en Bruselas, al entender que existe una clara relación entre dichas operaciones y los 'actores' que participaron en ellas, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La acusación pública que dirige personalmente la fiscal jefe, Esther Pérez Jerez, se suma así a las pretensiones del PSCyL, personado en la causa como acusación popular, después de que el juez de Instrucción número 2, César Gil Margareto, rechazara la pretensión de los socialistas bajo la argumentación de que "la diligencia interesada excede de lo que puede ser investigación de relaciones entre los investigados y apuntan a unos hechos que pueden ser investigados pero no en las presentes actuaciones ni a estas alturas de la mismas".

En su recurso, rechazado por la Consejería de Economía y Hacienda-está personada como acusación particular-pero apoyado ahora por la Fiscalía vallisoletana, los socialistas establecían una vinculación entre el alquiler y posterior compra del edificio de Arroyo, propiedad de Urban Proyecta PM3 S.L, a cargo de Gesturcal-sociedad adscrita a la Consejería de Economía y Empleo-el 19 de julio de 2016 y el contrato de arrendamiento, el 12 de diciembre de 2006, entre la sociedad belga CO-Louis-había sido adquirida por Urban Proyecta-y la Fundación ADEuropa, presidida por el entonces consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, para ubicar las oficinas de dicha fundación en Bruselas.

Los socialistas ponían el acento en que, curiosamente, el arrendamiento de la sede de Bruselas para ubicar en ella la Delegación Permanente de Castilla y León se firmó un día después del convenio de colaboración entre la Junta y CO-Louis para tal fin, lo que inducía a pensar, en opinión de los recurrentes, que existían "relaciones previas" entre las partes, así como en el hecho de que las entidades y los sujetos que intervienen en la operación son los mismos protagonistas del alquiler y posterior compra del edificio de 'La Perla Negra' en Arroyo diez años más tarde.

Pues bien, la Fiscalía, en su escrito sumándose al recurso de los socialistas, comparte los argumentos del recurrente y no así los empleados por el instructor en el auto recurrido, al entender que tanto en las operaciones de 'La Perla' como en el polígono de Portillo tuvo una intervención relevante Rafael Delgado, como miembro de ADE Parques y de la Consejería de Economía en distintos puestos, y que el mismo mantenía relaciones con Urban Proyecta PM3 S.L, mercantil con la que éste, una vez adquirida participaciones en la belga CO-Louis S.A, firmó también el alquiler de la sede en Bruselas.

En ese contexto, los recurrentes, basados en documentación aportada por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), recuerdan que el propio instructor ha pedido a la Policía Judicial que investigue una "salida invisible" de 2.113.000 euros a Bélgica supuestamente realizada el 21 de agosto de 2006 por Urban Proyecta PM3, es decir, de dinero que no aparecía recogido en los apuntes contables de la empresa y que, por tanto, no correspondía a la prestación de un bien o servicio.

Esa salida de divisas se produjo unos meses antes de que la sociedad instrumental belga CO-Louis comenzara a arrendar a la Fundación ADEuropa el inmueble de su propiedad sito en el Bulevar Louis Schmidt de Bruselas, operación dudosa que, a juicio de los recurrentes, podría estar relacionada con el posterior contrato de arrendamiento.

OPERACIONES INMOBILIARIAS DE DELGADO

"Tan sólo se trata de acreditar que la relación entre el investigado referido y las sociedades ya mencionadas, no son ocasionales, sino que parece existir una relación que comprende varias contrataciones, que comienzan en un periodo de tiempo similar, año 2006", incide la Fiscalía, que añade que "la investigación patrimonial de Rafael Delgado ha puesto de manifiesto la existencia de operaciones, al menos inmobiliarias, a título particular, con alguno/s de los otros

investigados relacionados tanto con Urban Proyecta como con alguna de las empresas que han intervenido en las ventas a otras sociedades de los terrenos de Portillo".

Así, la acusación pública insiste en que en estos términos "debe darse cumplimiento a lo dispuesto en el art. 299 LECrim en tanto que

se trata de acreditar, como se ha dicho, las circunstancias de los hechos y la culpabilidad de los delincuentes".

El caso que investiga el Juzgado de Instrucción 2 tiene previsto interrogar el próximo día 15 de mayo, en calidad de testigo, a la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, por el sistema de videoconferencia desde su despacho, de forma que el magistrado y las distintas partes la interpelarán desde una sala del Edificio de los Juzgados, en la calle Angustias.

La consejera anunció que declararía desde su despacho por considerar esta opción como las más beneficiosa para ella y para la propia Comunidad Autónoma a la que representa como miembro del Gobierno y como representante de los ciudadanos, al tiempo que ya anticipó que poco podrá aclarar tras advertir de que los asuntos bajo investigación no eran de su competencia.

El testimonio de Del Olmo se sumará así a la veintena de interrogatorios, unos como investigados y otros como testigos, iniciados en 2016 para aclarar, entre otros aspectos, distintas tasaciones, hasta nueve, sobre el valor del edificio ADE-la Junta pagó finalmente cerca de 70 millones de euros-y un supuesto delito de malversación en el que podrían estar implicados altos y exaltos cargos de la Junta y empresarios, así como las operaciones realizadas para la adquisición de un fallido polígono industrial en Portillo por el que la Administración regional desembolsó 35 millones de euros.

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