Feria Valencia pide a Fiscalía el decreto de archivo de la causa de los sobrecostes

  • El Patronato de Feria Valencia ha acordado este miércoles pedir a la Fiscalía Anticorrupción de Valencia el decreto de archivo de la investigación por presuntos sobrecostes y uso de tarjetas opacas en la institución ferial.
El recinto ferial valenciano
El recinto ferial valenciano
FERIA VALENCIA
El recinto ferial valenciano

Así lo ha indicado a los medios de comunicación, el presidente de la entidad, José Vicente González, acompañado por el presidente del Patronato y alcalde de València, Joan Ribó, quien han eludido dar más detalles y valorar el documento hasta que no lo vean. "No tenemos la información y por eso hemos pedido el documento", ha señalado Ribó.

Fiscalía Anticorrupción de Valencia archivó la investigación abierta desde hace dos años por presuntos sobrecostes y uso de tarjetas opacas en Feria Valencia al no ver indicios de delito.

El fiscal abrió diligencias de investigación en Feria Valencia en el año 2014 tras recibir un informe de la Intervención General de la Generalitat que alertaba de importantes sobrecostes. Este texto, que se hizo cuando Juan Carlos Moragues era conseller de Hacienda, señalaba que el importe de la inversión final en construcciones e instalaciones se desvió un 86,7% respecto al proyecto inicial, de modo que costó unos 252 millones más de los previstos.

Por otro lado, la Intervención explicaba que los gastos incurridos en publicidad y propaganda, relaciones públicas y gastos de viajes sumaban 142 millones de euros en 11 años; y las dietas, gastos e indemnizaciones del comité ejecutivo tuvieron un coste entre 2004-2005 y 2012 de 1,8 millones de euros. En este último periodo la Feria presentó unos resultados negativos superiores a los 21 millones de euros. El informe, en general, alertaba de "falta de eficiencia" tanto en la gestión de los ingresos como en la de los gastos.

Tras estos datos, Fiscalía de Valencia abrió una investigación, que finalmente archivó, por presuntos sobrecostes y por la aparición, posteriormente, de unas tarjetas opacas que presuntamente habrían utilizado los directivos del organismo para pagar complementos de marca de lujo o viajes a La Patagonia y Costa Rica.

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