Curbelo (ASG) dice que la anulación del decreto de alquiler vacacional beneficia a las 'islas verdes'

  • El portavoz de Agrupación Socialista Gomera (ASG) en el Parlamento de Canarias, Casimiro Curbelo, valora la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anula parte del decreto del alquiler vacacional, lo que "da respuesta a una gran cantidad de expedientes que no tenían solución", y beneficiará a municipios como el Valle Gran Rey.
Casimiro Curbelo
Casimiro Curbelo
CEDIDA
Casimiro Curbelo

Además, recuerda en una nota que esta sentencia coincide con la enmienda presentada por ASG a la Ley del Suelo, en la que se instaba al Gobierno de Canarias a establecer la compatibilidad del uso residencial y turístico en el alquiler vacacional.

Curbelo celebra que la resolución anule, entre otras cuestiones, los puntos críticos del Decreto 113/2015 relativos a la prohibición de las viviendas vacacionales en zonas turísticas.

El también presidente del Cabildo de La Gomera asegura que "el alquiler vacacional supone un alto porcentaje de la oferta alojativa de islas como La Gomera, La Palma y El Hierro, y en gran parte de los casos, se trata de la única fuente de ingresos para las familias".

Así, subraya que la oferta de turismo convencional "no es incompatible" con el turismo de alquiler vacacional, y un ejemplo claro de ello es Valle Gran Rey, "donde conviven ambos modelos turísticos perfectamente".

En esa línea, matizó que este tipo de actividad turística encaja a la perfección con el desarrollo turístico de esas islas, "que no se caracterizan por un turismo de masas sino por ofrecer un turismo rural, respetuoso con la naturaleza y que normalmente realiza un mayor gasto en el destino".

Curbelo subraya la importancia del fallo del alto tribunal canario, "puesto que supone un paso importante para la modificación del decreto vigente, al tiempo que se facilita la legalización y la adecuación de la normativa a la realidad existente".

En su opinión, la norma actual no cumple con las expectativas del sector, "por lo que urge la regulación para que el archipiélago cuente con un texto que legalice la actividad bajo una oferta de calidad y de diversificación turística".

Asimismo, insiste en que los principales interesados en regularizar esta situación y resolver los problemas que se han generado son las propias familias que viven de la actividad del alquiler vacacional, y que quieren contribuir con los impuestos que se exigen.

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