Uno de los asuntos más destacados de los tratados en el Consejo Territorial ha sido el de las subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del IRPF, una vez que hay una sentencia del Tribunal Constitucional de principios de año en la que insta al Gobierno a abordar sin demora la modificación del marco regulador de estas subvenciones.
Hasta ahora, toda la asignación tributaria para realizar estos programas de interés social era convocada, resuelta y asignada por la Administración General del Estado pero tras la sentencia esa asignación de los recursos debe ser compartida con las comunidades autónomas.
Al respecto, Alicia García ha hecho una defensa de las entidades del tercer sector en Castilla y León y de los proyectos que desarrollan, por lo que ha abogado por el mantenimiento de la misma financiación para 2018 que la que han recibido este año, y que asciende a 20 millones de euros, ya que esta cantidad está permitiendo financiar 353 programas a 118 entidades del tercer sector en Castilla y León.
"Los fondos que recibamos las comunidades tienen que ir a las entidades del tercer sector para los programas que vienen desarrollando y no a otra cosa y ese es mi compromiso para Castilla y León", ha afirmado la consejera de Familia, quien ha destacado que las entidades del tercer sector "no pierdan ni un euro de la financiación que han venido recibiendo en la última convocatoria".
Frente a la inquietud que ha surgido en otras comunidades autónomas ante la posibilidad de que esta financiación del IRPF que el Estado aporte no sea utilizada en todo o en parte para las entidades del tercer sector, Castilla y León ha defendido la importancia de seguir financiando con estos fondos estos programas y a las entidades del tercer sector que los desarrollan.
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