Seis fiscales de probada solvencia y experiencia aspiraban a encabezar la Fiscalía Anticorrupción tras jubilarse (por edad) el fiscal jefe: Antonio Salinas, que fue relevado oficialmente en febrero. Pero el cargo no recayó en ninguno de ellos, sino en un séptimo aspirante: Manuel Moix, hasta ese momento fiscal jefe de Madrid, con experiencia en el Ministerio Público pero sin tablas en su nueva tarea: perseguir a los corruptos, muchos de ellos del PP.

La toma de posesión de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno activó la formación de los diferentes equipos ministeriales y el relevo en muchos de los puestos claves de la Administración, entre ellos, el de la Fiscalía General del Estado, cargo que recayó en José Manuel Maza en sustitución de una histórica de la judicatura: Consuelo Madrigal, propuesta para el puesto por méritos y requisitos en 2014.

Su inexplicable destitución obligó al ministro de Justicia Rafael Catalá a salir a la palestra y negar las presuntas presiones a Madrigal para que acatara las órdenes del Gobierno. Madrigal se negó y eso le costó el puesto en favor de Maza, un magistrado (que no fiscal) conservador y que tendría una buena relación con el ministro Catalá y el Consejo de Ministros.

Pero la sustitución de la jefa de los fiscales no iba a ser el único órdago que Catalá y Maza tenían preparado. En 2017 iban a resolverse buena parte de los procesos judiciales en marcha por corrupción y que afectan a importantes dirigentes del PP.

Desde su llegada al cargo, tanto el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, como el fiscal Anticorrrupción designado por él, Manuel Moix, han iniciado una depuración entre fiscales y Fiscalías para despejar el camino judicial a los corruptos.

Murcia: La primera en sufrir la ira fue la Fiscalía de Murcia. El fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal, que encabezaba la investigación contra el expresidente regional, hoy imputado por corrupción, Pedro Antonio Sánchez, tuvo que denunciar las "presiones" que estaba recibiendo para que cesara en su investigación.

Bernal era el impulsor de la investigación del caso Auditorio, que sentará en el banquillo al que fuera presidente de la Región de Murcia y de los populares murcianos.

Maza propuso su destitución, como la de otros 35 fiscales independientes. Logró destituirle y apartarle de su trabajo, pero falló en su intento de que su amigo, el presidente murciano, siguiera en el cargo. Pedro Antonio Sánchez tuvo que dimitir cercado por la corrupción.

Audiencia Nacional: Otra de las polémicas decisiones en la cúpula fiscal fue el relevo de Javier Zaragoza, tras diez años en el cargo al frente de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, cargo que pasó a ocupar su número 2 Jesús Alonso, teniente fiscal de esa Fiscalía y portavoz de la Asociación de Fiscales, de tinte conservador.

Zaragoza fue durante una década el máximo responsable de la lucha contra el terrorismo (materia que juzga en exclusiva la Audiencia Nacional en España). Tras sacarle de la Audiencia, el Gobierno le ofreció que eligiera destino a su gusto. La Audiencia Nacional y su Fiscalía se encargan también de instruir los escándalos de corrupción, entre ellos el caso Gürtel, la Púnica o, ahora, Lezo.

Cataluña: Ha sido uno de los ultimos movimientos de Manuel Moix. Esta vez, el fiscal jefe Anticorrupción ha decidido apartar de la investigación a los fiscales Fernando Bermejo y José Grinda, los funcionarios que investigaban el caso de las comisiones del 3% en Cataluña y que salpica directamente a los nacionalistas, la antigua CDC, a toda la cúpula de la exformación y, muy especialmente, a la familia Pujol.

De hecho, tras cinco años de investigaciones judiciales, el hijo mayor del expresidente catalán Jordi Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, ingresó el pasado martes en prisión por orden del juez José de la Mata acusado de blanquear al menos 30 millones de euros solo desde que el clan se sabe investigado, proceso que comenzó en 2012.

Tanto el fiscal general de Estado, Manuel Maza, como el jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, han mantenido que la sustitución de estos dos fiscales (con más de 10.000 folios de instrucción) se debe a razones "operativas". En la práctica supone parar una investigación de años hasta que sus sustitutos puedan ponerse al día.

Madrid: El estallido del caso Lezo ha destapado las tramas internas de la Fiscalía y puesto en la picota a Manuel Moix. Con Ignacio González ya en la cárcel, se supo que Moix había intentado frenar el registro de su despacho y la propia instrucción del caso, algo que solo evitó la rebelión de los fiscales.

Ahora, al no lograrlo, el fiscal jefe Anticorrupción ha tratado de forzar la marcha del principal fiscal que investiga el caso de corrupción en el Canal de Isabel II, Carlos Yáñez, al que querría devolver a su Granada natal, según ha contado este mismo miércoles la SER. La Fiscalía ha emitido un comunicado negando que haya tratado de apartar a Yañez y, según dice, ha pedido su renovación.

A pesar de negarlo, los últimos audios difundidos de una conversación entre el exministro Eduardo Zaplana e Ignacio González, no dejan bien parado a Moix. En el audio se les escucha decir que el fiscal es "uno de los nuestros", y se evidencia que González quería y supo con anterioridad que Moix iba a ser nombrado fiscal jefe para vigilar y perseguir a los corruptos.

El caso Lezo ha acorralado tanto al Gobierno y al PP que, según se ha sabido, hay al menos dos ministros directamente implicados en la trama para salvar a González: Juan Ignacio Zoido y Rafael Catalá. Ambos intercambiaron mensajes con el ahora recluso o enviaron a subordinados suyos a reunirse con el hermano de Ignacio González cuando la trama estaba a punto de salir a la luz. Una trama que ha forzado, además, la dimisión de Esperanza Aguirre.