En una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha precisado que los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma ya han empezado a analizar el impacto de la sentencia en un sector que cuenta con más de 28.000 viviendas afectadas en el archipiélago y 121.000 camas, la mitad en zonas turísticas.

La consejera ha admitido que la regulación del alquiler vacacional es un asunto "complejo" y que se desarrolla en todas grandes ciudades del mundo, comino el añadido de que en Canarias convive con el "turismo ordenado" que tiene un régimen específico y unas calidades determinadas.