El obispo emérito de Cádiz Antonio Ceballos ha declarado este martes como investigado -antes imputado- en el caso de los ERE por un presunto delito de tráfico de influencias, y ha justificado que pidió "con buena voluntad" 300.000 euros a la Junta de Andalucía para salvar puestos de trabajo.

Tras una comparecencia de diez minutos ante la jueza que investiga el caso, María Núñez Bolaños, el obispo emérito ha dicho a los periodistas que en 2009 pidió el dinero "porque soy sensible con los puestos de trabajo".

"La ayuda se me concedió y di las gracias", ha explicado Ceballos antes de subrayar que los puestos de trabajo que defendió, con la petición de la ayuda para el geriátrico del Obispado de Cádiz, se están ejerciendo a la actualidad.

Ante la jueza, el obispo emérito ha afirmado que pidió el dinero al entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, a través de una carta porque así se lo dijeron desde la oficina del Arzobispado, que fue la que manejó los fondos aprobados.

Ceballos ha comenzado su comparecencia afirmando que en diciembre pasado sufrió una enfermedad que le mantuvo ingresado en un hospital y a causa de la cual estuvo "a punto de comparecer ante otro juez, el del cielo y de la tierra, que es Jesucristo", han señalado a la prensa algunas personas presentes en la declaración.

El obispo emérito, que ejerció su responsabilidad religiosa entre diciembre de 1993 y agosto del 2011, ha añadido que "con la misma sinceridad" que iba a comparecer ante Jesucristo lo hacía ante la jueza, han añadido las fuentes.

El representante de la Fiscalía Anticorrupción, por su parte, ha precisado que no había pedido su testimonio en esta pieza separada de los ERE y que tampoco había pedido su imputación, lo que hizo la jueza tras la petición de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

La jueza, por su parte, le ha preguntado a Ceballos si tenía conciencia de estar haciendo algo ilegal, a lo que ha respondido con la misma afirmación de que agradeció al consejero la ayuda concedida, tras lo cual indicó que en las próximas semanas tendrá que someterse a varias intervenciones médicas.

En el atestado entregado por la Guardia Civil al juzgado de instrucción 6 de Sevilla, que instruye el caso, se afirmaba que podía existir "responsabilidad penal por tráfico de influencias" del obispo emérito de Cádiz.

Tras la concesión de la ayuda sociolaboral a favor de los trabajadores del geriátrico, la Junta de Andalucía inició una revisión de oficio en abril del 2012, cuando ya estaba en marcha la investigación judicial por el caso ERE. El 23 de julio del 2012, la Junta dictaminó que se debía devolver la ayuda concedida al Obispado, que era nula, recuerda la juez.

Sin embargo, el 10 de diciembre del mismo año, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo emitió una nueva propuesta proponiendo el archivo del expediente, "ya que la declaración de nulidad y exigencia de devolución de la ayuda iría en contra de la buena fe de los trabajadores y/o beneficiarios", indica la instructora.

Tras esa decisión, el Consejo Consultivo de Andalucía aprobó por unanimidad, el 30 de enero del 2013, archivar el expediente, y el 25 de febrero del mismo año, el exconsejero Antonio Ávila decretó el archivo de las actuaciones, recuerda la jueza.

La Guardia Civil, en su atestado, consideró que con esta actuación se está "dando la impresión" de que los responsables de la Junta de Andalucía buscarán "la redención a través de la intercesión del Obispado".

Además de Ceballos, la jueza ha citado en esta pieza de los ERE a tres exdirigentes políticos: el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exviceconsejero Agustín Barberá y el ex director general de Trabajo Juan Márquez. Inicialmente, también se incluyó por error al exjefe de servicio de Trabajo Antonio Diz-Lois.