La Fiscalía pide penas que suman más de 60 años de cárcel para un grupo dedicado al tráfico de drogas, liderado por uno de los miembros del llamado 'clan de los morones' (también conocido como 'familia real gitana'), Marino J.G., y que serán juzgados los próximos lunes, martes y miércoles en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.

Así, se sentarán en el banquillo Marino J.G., el guardia civil

E.P.M., M.G.B., A.I.G., A.P.C., M.D.A., y B.O.O. A los cinco primeros, el ministerio público les acusa de planear un control policial ficticio para hacerse con algo más de medio kilo de cocaína que iban a comprar a los dos últimos acusados.

Según el escrito del Fiscal, a mediados de enero de 2014, M.G.B. quedó con M.D.A. y B.O.O. en un supermercado en Poio (Pontevedra) para cerrar la compra de la droga y transportarla. Hasta allí se desplazó M.G.B. en un coche acompañado por A.P.C. y, al llegar, el primero se metió en el vehículo de los vendedores y los dos turismos emprendieron la marcha.

En otro coche, siguiéndolos, viajaba el acusado Marino J.G. junto con A.I.G., e iba informando por teléfono al agente de la Guardia Civil E.P.M. de todos los movimientos, con el fin de llevar a cabo un control policial ficticio y poder así distraer la droga sin pagarla.

A primera hora de la mañana del 16 de enero de 2014, el coche ocupado por los vendedores de la droga y por el supuesto comprador se desplazó por la autopista AP-9 desde Poio a O Porriño y, posteriormente, tomó la carretera N-550 en dirección a Redondela, seguido en todo momento por el coche de Marino J.G.

Al llegar a una gasolinera, el acusado E.P.M., uniformado y utilizando un vehículo oficial de la Guardia Civil, dio el alto al coche donde se transportaba la droga, con la finalidad de sustraerla. La actuación quedó interrumpida por el operativo de la Policía Nacional que los estaba investigando a todos.

PETICIÓN DE PENAS

Como resultado de este operativo fueron detenidos los siete acusados, además de otro guardia, compañero de E.P.M., contra quien la Fiscalía no formula acusación (y pide el sobreseimiento) por considerar que "no resulta acreditado" que tuviese conocimiento de la actividad ilícita del primero.

En el cacheo a Marino J.G. y en el registro de su domicilio la Policía se incautó de una pistola, un revólver, cartuchos de diferentes calibres, tres navajas, 15 teléfonos móviles, más de 3.000 euros en efectivo, una máquina de contar dinero, una libreta, un ordenador portátil, y tres bolsitas con cocaína, heroína y cannabis, respectivamente.

Por estos hechos, el Fiscal acusa a Marino J.G. de ser cooperador necesario en un delito contra la salud pública cometido por un funcionario, además de autor de un delito de integración en grupo criminal y otro de tenencia ilícita de armas. Para él pide penas que suman 12 años de cárcel, y una multa de 170.000 euros.

Para M.G.B., A.I.G, y A.P.C., el ministerio público reclama 9 años y medio de prisión (para cada uno), y tres multas de 160.000 euros; mientras que solicita la misma condena para el guardia civil E.P.M., como autor de un delito contra la salud pública cometido por un funcionario y como integrante de un grupo criminal.

Por otra parte, pide que B.O.O. sea condenado a cuatro años y medio de cárcel por tráfico de drogas y al pago de una multa de 160.000 euros. Del mismo delito acusa a M.D.A., para el que pide una pena mayor, de 6 años, por aplicarle el agravante de reincidencia.