El Consell de Govern ha tomado este acuerdo después de que la Conselleria de Cultura, Participación y Deportes, y la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas hayan manifestado su respectivo juicio favorable.

Según consta en la exposición de motivos de la iniciativa parlamentaria, el objetivo de esta ley es establecer "políticas públicas para recuperar la Memoria Democrática en relación a aquellas personas, instituciones, grupos o colectivos que fueran víctimas de la represión y el asesinato en Baleares como consecuencia del golpe militar producido a partir del 17 de julio de 1936".

La proposición de ley se estructura en seis títulos y se articula en cuatro ejes: el derecho a la verdad, el derecho a la memoria democrática, el derecho a la reparación y reconocimiento de las víctimas y las garantías de no-repetición.