En concreto, los cinco empleados que aún siguen con contrato, pero a los que se les adeudan 31 nóminas, presentarán este jueves una querella criminal en la Audiencia Provincial contra diversos cargos de la Junta, entre ellos, los consejeros de Empleo y Educación que han ostentado el cargo desde 2013 en adelante.

Los empleados llevan sin cobrar desde 2014 y continúan acudiendo a su centro de trabajo a pesar de las condiciones en las que se encuentra. Asimismo, han recordado que "existen informes de bomberos y técnicos municipales que cuestionan la medidas de seguridad y confort mínimas que se exigen para que puedan acudir a las instalaciones con ciertas garantías, sin embargo, ni desde el Ayuntamiento ni mucho menos desde la Junta de Andalucía se ha llevado a cabo medida alguna para subsanarlo".

De igual modo, han recordado los trabajadores cuentan con una nueva sentencia, esta vez del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que condena tanto a la Junta como al Ayuntamiento de Mijas a abonar de forma subsidiaria parte de las nóminas atrasadas, sentencia que por ahora no ha sido recurrida por ninguna de las dos administraciones.

Así lo han dado a conocer este martes, acompañados por el presidente de Costa del Sol Si Puede (CSSP) y concejal en el Ayuntamiento de Mijas, Francisco Martínez Ávila, y el letrado Jordi Ventura, que se hace cargo de la causa.

El portavoz de la formación morada en el Consistorio ha explicado los fundamentos de la denuncia, dirigida a todos los responsables directos de la situación en la que se encuentran los cinco trabajadores que aún figuran en la plantilla del CIOMijas.

"Se les acusa de presuntos delitos contra la seguridad y los derechos de los trabajadores, así como de un posible delito de prevaricación continuada, han manifestado.

En este sentido, ha añadido que "no solo se apunta a los máximos representantes de las consejerías de Empleo y Educación, sino también como máxima responsable de la institución a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que fue quien decidió interrumpir los cursos de formación en 2013 tras tomar posesión de su cargo y, conocedora de cuál es la situación de estos trabajadores públicos, no ha planteado ninguna solución", ha concluido Martínez.