Así se ha pronunciado en rueda de prensa después de que este lunes la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, afirmara que los autos judiciales que obligan a la Administración a incluir en el proceso de escolarización la mayoría de las aulas concertadas que iban a dejar de estarlo "es deslegitimar" su autonomía y competencias y supone dejar a la Administración en una "indefensión absoluta".

Galve ha lamentado el "escaso respeto" que ha mostrado la consejera de Educación a las decisiones judiciales, considerando que el Ejecutivo "acata y respeta las sentencias en función de si le gusta o no".

"Se han vulnerado derechos fundamentales" de los padres, pero "gracias a la justicia van a poder elegir la educación que quieren para sus hijos", ha dicho Galve, manifestando que "si no se dedicaran a tener judicializado el Departamento, la gente no tendría que recurrir, necesariamente, a los tribunales".