Juicio 11-M
Familiares de las víctimas del 11-M se abrazan tras conocer la sentencia (Foto: Efe) Juan Carlos Hidalgo / Efe

Las víctimas del 11-M no podrán cobrar la totalidad de las indemnizaciones que ha fijado la Audiencia Nacional hasta que la sentencia sea firme. La espera será larga, ya que los acusados y algunas asociaciones de las propias víctimas ya han anunciado que la recurrirán ante el Supremo, lo que dilatará el proceso, y por tanto el cobro de estas ayudas, "dos o tres años", según fuentes jurídicas consultadas por 20 minutos.

La Ley de Solidaridad de 1999 prevé un adelanto de las indemnizaciones

A pesar de esta demora, las víctimas no quedarán económicamente desprotegidas. La Ley de Solidaridad de 1999 prevé un adelanto de las indemnizaciones. De hecho, las familias de los 192 muertos que dejó el 11-M (incluido el geo que falleció en Leganés tras la inmolación de los terroristas) ya han cobrado 220.000 de los 900.000 euros que les corresponden, según han asegurado a este diario fuentes del Ministerio de Interior. Para cobrar el resto habrá que esperar a que el Supremo resuelva el recurso que seguramente se va a presentar.

Los heridos de los atentados, cuantificados en 1.856, también han cobrado su adelanto, según Interior, que la ley fija entre los 36.000 y los 390.000 euros, según la gravedad de sus heridas. "Si alguna víctima tiene alguna necesidad especial, el Ministerio la estudiará y podrá aumentar el adelanto que han percibido", concluyen desde Interior.

En los presupuestos

El dinero adelantado que reciben las víctimas del terrorismo, en forma de compensación hasta que se ejecutan las sentencias, siempre aparece reflejado en los Presupuestos del Estado, "es una partida mínima, siempre ampliable con cargo al fondo de consistencia", explican desde el Ministerio de Economía. Cuando la sentencia sea totalmente firme, el Gobierno deberá desembolsar, en concepto de indemnizaciones, un mínimo de 273 millones, una cantidad que no incluye la compensación por cada día de hospitalización, que queda fijada en 300 euros.

El Estado se hará cargo de las indemnizaciones

La sentencia estipula que Jamal Zougan y Othman El Gnaoui (autores materiales) y Suárez Trashorras (el ex minero que les dio los explosivos) deberán pagar las indemnizaciones. Dada su elevada cantidad, los tres se declararán con toda probabilidad insolventes, de manera que será el Estado quien tenga que asumir el pago como marca la ley. El dinero se repartirá de la siguiente manera:

Víctimas mortales: En total, 192. Cada una de sus familias recibirá 900.000 euros (ya han recibido 220.000).

Heridos: Hay 1.847 distribuidos en 12 grupos en función de la gravedad de sus heridas. Todos cobrarán un mínimo de 30.000 euros y otros 300 euros por cada día que estuvieron hospitalizados. Luego, los heridos que hayan tenido secuelas percibirán un extra que varía entre los 10.000 y los 750.000 €, en función de la importancia de esas secuelas.

Grupo 12: Aquí sólo están incluidos siete heridos, catalogados como lesionados extremos. Cada uno de ellos recibirá otros 900.000 euros.

Laura Vega: Mención especial recibe Laura Vega, la única herida que sigue en coma tres años después de los atentados. Su familia recibirá un millón de euros "por los padecimientos que representa su estado vegetativo".

Además, se constituirá un depósito de 250.000 euros para su atención sanitaria, que gestionará un organismo público aún por determinar.

La Policía acudirá a los tribunales

El Sindicato Profesional de Policía (SPP), que agrupa a los mandos policiales, anunció ayer que emprenderá acciones judiciales contra determinadas personas que han utilizado los medios de comunicación para "ofender gravemente" el honor del comisario Juan Jesús Sánchez Manzano, jefe de los Tedax cuando se cometieron los atentados del 11-M. El sindicato mayoritario de la Policía, el SUP, adelantó el viernes que estudia querellarse contra políticos y periodistas que avalaron la "teoría de la conspiración" como Ignacio Astarloa o Federico Jiménez Losantos.