Según recoge la calificación del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press, la actuación se inició a raíz de unas investigaciones llevadas a cabo para averiguar la presunta comisión de delitos de distribución y difusión de pornografía infantil por medios informáticos, de manera que en enero de 2013 se autorizó la entrada y registro en el domicilio de una mercantil regentada por el procesado.

En dicho registro, los agentes intervinieron dos discos duros de 500 y 160 gigas con 441 ficheros de pornografía infantil y un archivo de vídeo "en los que se muestran menores de edad solos o acompañados de adultos, posando desnudos y realizando actos de sexo explícito".

Al respecto, el fiscal explica que los citados archivos eran puestos a disposición e intercambiados con otros usuarios a través de la aplicación de programas.