Los cinco magistrados de lo Contencioso Administrativo, titulares de los juzgados número 1, 2, 3, 4 y 5 de Zaragoza, han hecho públicos este miércoles sus respectivos autos referidos a la adopción de medidas cautelares solicitadas por ocho colegios concertados que se encuentran entre los afectados por la decisión del Gobierno aragonés de dejar de concertar 13 aulas para el próximo curso.

Los magistrados ordenan a la Administración que proceda a incluir en la oferta de plazas las unidades excluidas y a mantener, durante el proceso de escolarización del curso 2017-2018, que tendrá lugar del 19 al 26 de abril, las mismas aulas y unidades que se han dispuesto durante el curso anterior.

María Herrero ha indicado que este es un asunto "otra vez judicializado en educación, al que los tribunales quitan la razón" al Gobierno autonómico.

La parlamentaria del PAR ha recordado que "ya se lo dijimos al Gobierno de Lambán, advirtiéndole de que si no rectificaba acabaría en los tribunales y le quitarían la razón, como así ha sido" y ha apostillado que "incluso le recordamos que había precedentes" para apostillar que "es otra muestra más de la política sectaria que realiza el Gobierno de Aragón".

Para Herrero, lo deseable y que defiende el PAR, es avanzar en el Pacto por la Educación "para todos y desde la pluralidad", en lugar de provocar "confrontación, generar problemas donde no los hay, crispar a la sociedad y generar sufrimiento por decisiones, que al final ya se sabía que serían revocadas", ha resumido el PAR en una nota de prensa.