Es el siguiente paso, tras la reunión en esta jornada de los portavoces municipales, a la vista de la "firmeza" de los fallos judiciales.

Y es que el "procedimiento", según la regidora, marca que "primero" se ha de "tomar razón" (hacer constar en instancias municipales) de las sentencias en la junta de gobierno. "Y una vez que se toma razón se anulan las licencias", ha explicado.

Asimismo, tal y como ha señalado, habrá que "esperar" a la Xunta y comunicar la decisión al promotor, "que tiene unos derechos adquiridos sobre unos terrenos".

Se trata, ha proseguido, de "saber cuál es su intención" y "establecer ese proceso de tres meses para que pueda tomar alguna iniciativa al respecto". "Mientras tanto (habrá que) llegar a puntos de acuerdo, porque tenemos un objetivo claro desde el gobierno y es que no queremos que el edificio del Garañón esté ahí", ha recalcado.

"RESPETANDO LA LEGALIDAD"

En este sentido, Lara Méndez ha recordado que ya dijo que se incluirá una partida presupuestaria para su derribo, dotada con 300.000 euros, al tiempo que ha dejado claro que se hará "respetando la legalidad".

En cuanto al plazo para su demolición, ha indicado que "no depende" sólo del gobierno local, sino que habrá que ver si el promotor de la obra "presenta alguna otra alternativa".

"Hay unos plazos legales establecidos que tenemos que cumplir, además de velar por el cumplimiento de la legalidad", ha concluido la primera edila de Lugo.