ANC y Òmnium, multadas con 90.000 euros por la Agencia Española de Protección de Datos

  • La sanción se les impone por tener una base de datos inoperativa en los Estados Unidos cuando se estaba definiendo el nuevo protocolo internacional sobre datos.
  • ANC y Òmnium consideran que se les ha multado bajo criterios ideológicos y dicen que recurrirán hasta las últimas consecuencias.
  • La nueva sanción se suma al reciente embargo de 240.000 euros que la Agencia Española de Protección de Datos les impuso en febrero por la 'Gigaenquesta'.
Jordi Sànchez, presidente de la ANC y Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural.
Jordi Sànchez, presidente de la ANC y Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural.
EUROPA PRESS

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha multado a la ANC y Òmnium Cultural con una nueva sanción de 90.000 euros, que se suma al reciente embargo de 240.000 euros que les impuso en febrero por la 'Gigaenquesta' que hicieron las entidades soberanistas en 2014, antes del 9N, para preguntar a los ciudadanos como querrían que fuera una Cataluña independiente.

"El Estado sigue así con la estrategia de intentar ahogar económicamente las entidades para frenar el referéndum", han lamentado en un comunicado, donde consideran que se trata de nuevo de una multa política que no reconocen y que recurrirán hasta las últimas consecuencias.

Según explican, la sanción de 90.000 euros es un caso sin precedentes en España que se les impone por tener una base de datos inoperativa en los Estados Unidos cuando se estaba definiendo el nuevo protocolo internacional sobre datos en este país.

Tras constatar que otras empresas de actividades diversas tenían bases de datos de estas características, las entidades soberanistas garantizan que han cumplido "rigurosamente" con la normativa existente en cada momento.

En su opinión, la multa es "un claro ejemplo de la persecución que hace meses que el Estado practica hacia las entidades soberanistas, aplicando medidas sancionadoras de excepción" contra la ANC y Òmnium, que promueven el referéndum.

También acusan al Estado de sancionarlas "a partir de una denuncia que no ha podido ser verificada", por lo que consideran que se las ha multado bajo criterios ideológicos con el único objetivo de condenar las entidades que trabajan por el referéndum.

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