A través de un auto fechado el pasado 23 de marzo y recogido por Europa Press, la mencionada instancia judicial les cita "en calidad de investigados" el próximo 11 de mayo. Y es que tras la práctica de "las diligencias acordadas" con relación a la denuncia promovida por la exportavoz del PP nazareno y actual concejal no adscrita del Ayuntamiento de Dos Hermanas, se presume "la posible existencia de una infracción penal consistente en un delito de coacciones".

Cabe recordar, al respecto, que tanto Paniagua como Emilio Maya figuran como investigados en la causa judicial que, en paralelo, indaga un presunto "chantaje" al que fuera candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Dos Hermanas, Manuel Varela, un caso en el que Cristina Alonso ostenta el papel de testigo.

En esta investigación judicial, que trata un supuesto "chantaje" a Varela para que retirase su candidatura a la Alcaldía, bajo la amenaza de difundir un vídeo con imágenes suyas consumiendo drogas, Cristina Alonso testificó, en concreto, que antes de las elecciones municipales de 2015, pudo "conocer" que Luis Paniagua y Emilio Maya habrían manifestado que "si quería se podía cargar a Varela el día antes de las elecciones", expresión que escuchó "de viva voz" en el caso de Maya.

Con relación a Manuel Alcocer, otrora presidente del PP nazareno y también investigado en tales diligencias judiciales, Alonso testificó que "se atribuyó en propia persona, de forma expresa y verbal, que la salida de Varela del PP se produjo gracias a que él le había forzado ante la posibilidad de exhibir un vídeo que él mismo le había grabado".

"EXCLUSIÓN Y MALTRATO VERBAL"

Tiempo después de aportar tal testimonio a la investigación, cabe recordarlo, Cristina Alonso denunciaba en rueda la "exclusión, abandono y maltrato verbal" que sufría supuestamente por parte la estructura local del partido, especialmente a manos de Luis Paniagua. Actualmente, la estructura local del PP nazareno está dirigida por una comisión gestora que encabeza la portavoz del PP en la Diputación y aspirante a la Presidencia provincial del partido, Virginia Pérez, precisamente después de la dimisión de Manuel Alcocer a la Presidencia del PP nazareno.

Así, denunciaba que desde que arrancase la citada investigación judicial, con ella como testigo, estaba siendo objeto de diferentes actos de "exclusión, marginación, abandono e incluso maltrato verbal", al objeto supuestamente de que abandonase su acta de concejal y la actividad política, optando finalmente por abandonar el Grupo popular y continuar en el Ayuntamiento como concejal no adscrita.