Residuos eléctricos y electrónicos
Residuos eléctricos y electrónicos EUROPA PRESS/RAEE

Este acuerdo promueve la correcta gestión de los RAEE en Andalucía. Los municipios son Lebrija, Los Palacios y Villafranca, Dos Hermanas, Sevilla -a través de la empresa pública de limpieza Lipasam-, la Mancomunidad Campiña 2000 formada por Arahal, Marchena, Morón de la Frontera, Lantejuela, Paradas, Puebla de Cazalla y Osuna; la Mancomunidad del Guadalquivir formada por Albaida del Aljarafe, Almensilla, Aznalcázar, Aznalcóllar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Bormujos, Carrión de los Cespedes, Castilleja de Guzmán, Castilleja del Campo, Espartinas, Gelves, Gines, Huévar del Aljarafe, La Puebla del Río, Isla Mayor, Mairena del Aljarafe, Olivares, Palomares del Río, Pilas, Salteras, Sanlúcar la Mayor, Santiponce, Umbrete, Valencina de la Concepción, Villamanrique de la Condesa y Villanueva del Ariscal; la Mancomunidad de la Sierra Norte formada por Alanís, Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra, Constantina, Guadalcanal, Las Navas de la Concepción, El Pedroso, La Puebla de los Infantes, El Real de la Jara y San Nicolás del Puerto; y el Consorcio Estepa-Sierra Sur formado por Aguadulce, Casariche, Badolatosa, Estepa, Gilena, Herrera, Lora de Estepa, Pedrera, La Roda de Andalucía y El Rubio.

Con la firma de este convenio, las 58 localidades sevillanas se comprometen a garantizar la correcta gestión de este tipo de residuos cada vez más comunes en los hogares de toda la provincia a través del establecimiento de las condiciones técnicas necesarias que deben respetarse en la recogida y gestión de estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de éstos determinando el grado de responsabilidad de acuerdo con el principio de 'quien contamina, paga'.

El convenio marco también refleja la importancia de la eficacia en los sistemas de recogida y almacenamiento selectivo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, hecho que redunda en una mejora en la calidad del servicio de gestión a prestar por las entidades locales y un impulso de la financiación de los Scrap. Estos propósitos implican un aumento de la actividad económica del sector, que emplea en Andalucía a 23.000 personas y genera una facturación anual de 2.200 millones de euros.

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