Esta propuesta de ley ha sido formulada por el Grupo Parlamentario Socialista y defendida en el pleno de este jueves, 5 de abril, por el diputado Celestino Vegas, quien ha resaltado que su grupo pretende con ella garantizar la defensa y protección de los consumidores y usuarios, así como contribuir al mantenimiento de los puestos de trabajo.

De esta forma, la modificación de la Ley añade que, como obligación específica de protección y prevención de riesgos de la salud o seguridad de los consumidores y usuarios, se establece que todas las instalaciones de suministro de venta al público al por menor de combustibles y carburantes deberán disponer en la propia instalación, mientras permanezcan abiertas y en servicio en horario diurno, al menos de una persona responsable de los servicios que se prestan, al objeto de garantizar los derechos de los consumidores reconocidos en la presente Ley.

Cabe destacar que se considera horario diurno la franja horaria comprendida entre las 07,00 y las 22,00 horas, además, las personas con alguna discapacidad que les impida el suministro de combustible en régimen de autoservicio serán atendidas por la persona responsable de las instalaciones.

Por otro lado, y en relación al caso concreto de instalaciones cuya titularidad corresponda a una sociedad que por ley tenga limitada la realización de operaciones con terceros no socios, y que conforme a la Ley del sector de hidrocarburo, se pueda dedicar a suministrar

directamente gasolinas y gasóleos de automoción a éstos, se considerará que se cumple con lo establecido siempre que en el horario de apertura al público cuente con un trabajador de la sociedad que responda del servicio que se presta.

A tal efecto, las instalaciones deberán contar con un dispositivo de llamada a disposición de los clientes, que les permita requerir la atención inmediata del responsable de los servicios.

Durante su intervención, Vegas ha expuesto que en la sociedad extremeña se está asistiendo a un amplio debate sobre las llamadas gasolineras desatendidas, es decir, sin empleados o personas responsables inmediatos ante los consumidores.

Así, y según Vegas, las particularidades del suministro de este tipo de producto hacen necesario una regulación que garantice los derechos de los usuarios y consumidores y, entre ellas, se encuentran, el peligro potencial para los usuarios con necesidades especiales en caso de derrame de combustible, así como la imposibilidad de reclamar asistencia inmediata de algún responsable si se produce alguna eventualidad susceptible de riesgo para la salud o seguridad de los usuarios y consumidores a la hora de repostar.

A estos problemas, el diputado socialista ha añadido los que pueden afectar significativamente a las personas con algún tipo de discapacidad física o de movilidad, a las que una estación de servicio sin personal

agrava los problemas de accesibilidad que ya padecen y merma o condiciona su derecho a la movilidad y accesibilidad en el consumo en condiciones de igualdad.

Por ello, y con el objetivo de garantizar la defensa y protección de los consumidores y usuarios, el PSOE estima oportuno adaptar la normativa autonómica a través de la modificación singular de la Ley

del Estatuto de los Consumidores de Extremadura, para que las instalaciones de venta al público de gasolinas y gasóleos de automoción dispongan, al menos, de una persona responsable en la propia instalación.

Esta obligación específica de protección de la salud o seguridad de los consumidores y usuarios se dota de un régimen de protección reforzado, pues su incumplimiento supone una infracción grave.

OPINIÓN DE LOS GRUPOS

En el turno de los grupos, el diputado del PP Saturnino López Marroyo ha indicado que su partido trabaja en la defensa de los consumidores, pero no coincide con algunos argumentos del PSOE contenidos en la propuesta de ley de modificación.

Así ha indicado que su grupo tiene "muchas dudas" y "muchos interrogantes", por lo que en el trámite parlamentario que comenzará se dedicará a escuchar al sector, a los consumidores y a las asociaciones de discapacitados.

La diputada de Podemos Jara Romero ha destacado que su grupo no ha presentado enmienda a la totalidad con texto alternativo a la modificación formulada por el PSOE porque entiende que los cambios normativos pueden hacerse mediante enmiendas parciales y debido a "lo concreto" y "puntual" de dicha reforma.

No obstante, ha adelantado que en el trámite de la norma su grupo escuchará a todos los colectivos implicados y tendrá en cuenta la accesibilidad, la seguridad y el mantenimiento del empleo en todo el horario de apertura, así como la preparación y la cualificación de todo el personal de las estaciones de servicio.

Finalmente, la diputada de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha remarcado que la reforma de la ley redundará en beneficio de la seguridad de los trabajadores y sobre todo en los consumidores con algún tipo de discapacidad.

Por ello, ha mostrado su satisfacción ante el hecho de que la modificación regule una tarea que estaba "pendiente", escuche lo que era una "demanda" del sector y contribuya a la seguridad y a la calidad de vida de los consumidores y, en especial, al sector de la discapacidad física.