El Comité Regional del PSOE de Murcia aprobó este lunes por la noche por unanimidad el programa de Gobierno que planteará en la moción de censura contra el presidente autonómico, Pedro Antonio Sánchez, los próximos miércoles y jueves en la Asamblea Regional.

Con el título 26 medidas para un acuerdo plural de gobierno en la región, el plan se abre con un capítulo de regeneración democrática y transparencia que incluye medidas "ejemplares" para garantizar la ética pública de los responsables políticos, la reducción del número de firmas necesario para plantear iniciativas legislativas populares y la protección de quien denuncie la corrupción para que lo haga.

El documento que también este lunes ha recibido el visto bueno del Consejo Ciudadano de Podemos Murcia traza la línea roja para la "separación inmediata" de cualquier cargo público o de partido en la citación judicial como investigado por delitos contemplados como de corrupción en la ley autonómica de Transparencia, entre ellos, prevaricación, fraude, malversación o cohecho.

En el apartado económico propone la implantación experimental del cheque-formación y una estrategia de mejora del modelo productivo que incluya la reindustrialización, la reformulación de las políticas de dependencia y servicios sociales y el fomento de las energías renovables.

Priorización de la I+D+I, afloramiento de la economía sumergida, ayudas al retorno de jóvenes expatriados e investigadores y empleo público previa racionalización de la administración, con especial refuerzo y consolidación extraordinaria de las plantillas sanitarias y educativas, son otras medidas económicas propuestas.

También se contemplan las cláusulas sociales y ambientales y la reserva en contratos públicos para empresas de economía social y que acrediten la sostenibilidad ambiental de sus actividades.

De ese capítulo forman parte un plan especial para la protección del Mar Menor, con suspensión temporal de la construcción inmobiliaria, una defensa del trasvase Tajo-Segura paralela al impulso de la desalinización, la promoción del turismo sostenible y la cultura de vanguardia y el control del cambio climático.

En infraestructuras, apuesta por el AVE, el mantenimiento del aeropuerto de San Javier, la auditoría del aún no estrenado de Corvera y la búsqueda de soluciones para la capacidad de almacenamiento de contenedores del puerto de Cartagena con criterios de sostenibilidad económica y medioambiental que parecen descartar el proyecto de El Gorguel aunque no se cita expresamente esta cala.

En políticas sociales, se pretende "blindar" por ley la sanidad pública, reabrir en Cartagena el hospital Santa María del Rosell, revertir los recortes presupuestarios y de personal en educación y frenar las privatizaciones y los conciertos con la privada hasta que no se realice una auditoría sobre ellos y se apruebe un mapa escolar, así como libros de texto y material de enseñanza gratuitos.

También el desarrollo del reglamento de la renta básica de inserción, una ley de procedimientos de emergencia ciudadana, un plan de rescate de quienes sufren pobreza energética, la plena inclusión de los discapacitados, la educación afectivo-sexual y preventiva de la violencia machista y la lucha contra la brecha salarial de género.

Por último, se ocupa de potenciar los ayuntamientos con una ley de financiación local que establezca un fondo de inversiones y otro de cooperación y la aclaración de las competencias municipales impropias con el compromiso de colaboración autonómica a medio plazo para financiar todas las que así sean consideradas.