A la reunión han asistido el alcalde, José Bernal; del concejal de Turismo, Industria y Vía Pública, Javier Porcuna; de Fiestas y Juventud, Manuel García; el director general de Interior de la Junta, Demetrio Pérez, y el representante del colectivo de músicos locales, Marcos Grimaldi, entre otros.

El edil ha afirmado que "hay una demanda por parte de colectivos empresariales y vecinales de que la nueva normativa tenga en cuenta las características específicas de cada municipio" y ha recordado la importancia de que exista un marco legal que "defina la actividad industrial, comercial y turística de forma compatible con el descanso".

En este sentido, ha incidido, a través de un comunicado, en que "actualmente hay unos límites de la actividad musical según el tipo de establecimiento" y que la normativa "permitirá establecer nuevos permisos que regularán esta demanda de ocio pero siempre con el respeto al descanso de los ciudadanos".

Por su parte, el director general de Interior ha puesto el acento en que la anterior normativa "era muy restrictiva" y que el nuevo decreto "reflejará las actuales necesidades sociales de las ciudades", por lo que incluirá "modos de ocio y alternativas económicas que los emprendedores han puesto en marcha y que necesitan de una regulación específica".

También ha señalado que "se trata de dar alternativa a las nuevas necesidades, como que en espacios que tradicionalmente no contemplan los conciertos en su oferta puedan albergar puntualmente actuaciones en directo como complemento y también como forma de promoción cultural".

"No se trata de una apertura o de manga ancha, sino que vendrá a ordenar lo que realmente sucede", ha señalado, al tiempo que ha añadido que será una norma "muy municipalista porque creemos en la legitimidad de los ayuntamientos para desarrollar, bajo unas normas genéricas, el modelo de ciudad que quieren".

Pérez ha abundado que la nueva normativa, que se está desarrollando desde hace un año en un proceso participativo de la mano de colectivos y de los ayuntamientos de la Comunidad andaluza, podría estar en vigor en un plazo de entre ocho o 12 meses.